PGR arraigó a más de 12 mil personas en los sexenios de Calderón y Peña Nieto

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A petición de la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2004 y 2018, un total de 12 mil 71 personas fueron encarceladas mediante arraigos, sin que hayan tenido un juicio y sin que se pudiera comprobar plenamente su responsabilidad en los delitos que se les imputaban.

De acuerdo con datos dados a conocer vía transparencia por la recién creada Fiscalía General de la República (FGR), la mayoría de los arraigos que se ordenaron en los últimos 15 años se realizaron dentro del contexto de la “Guerra contra el narcotráfico”, que inició en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Cifras de dos sexenios

Según los datos de la FGR, en 2005 y 2006 la entonces Procuraduría realizó poco más de 500 arraigos anuales, mientras que 2007, el primer año de la guerra contra los cárteles, la cifra se elevó a 849.

Estos mismos datos de la Fiscalía señalan que la cifras de 2008 corresponden a mil 210 arraigos; 2009 con mil 772; 2010 con mil 982; 2011 con 2 mil 385 y 2012 con mil 641.

Esto significa que en los periodos en los que el hoy ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez y Marisela Morales Ibáñez presidieron la Procuraduría, respectivamente, el número personas que permanecieron encarceladas a petición de la PGR se elevó un 35.60%,

Mientras que, en 2013, pero ya dentro del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, solamente se arraigaron a 627 personas, en el 2014 correspondió 289 casos y 2015 con 84.

Para lo siguientes años los arraigos tuvieron que adecuarse con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, que señala que dicha medida tendría que usarse sólo si se justificaba ante un juez.

En 2016 cuando entró en vigor el nuevo sistema sólo se arraigaron a 25 personas, en el 2017 a 14 y en 2018 fueron 21, es decir, que en el sexenio de Peña Nieto la PGR arraigó a un total a mil 60 personas, mientras que Felipe Calderón se tuvo poco más de 2 mil 780 casos

Inconsistencias en el proceso

De acuerdo con el ya abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, cuando la PGR arraigaba a alguna persona, el periodo de su detención era de un máximo de 40 días y solamente en situaciones excepcionales podía ampliarse.

Sin embargo, los datos dados a conocer por la FGR detallan que de las 12 mil 71 personas que fueron sometidas a esta medida, solamente el 39% de los casos cumplieron 40 días o menos, y el 61% permanecieron más de 40 días.

La misma información la Fiscalía señala que 3 mil 990 personas estuvieron arraigadas 80 días, así como de mil 660 que permanecieron 90 días. Además de que, de los más de los 12 mil casos, el 73% fue a solicitud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Cabe señalar que, aunque el Código Federal de Procedimientos Penales indicaba que el arraigo hacía referencia al confinamiento de las personas en su casa, el 100% fueron llevados al Centro de Investigaciones Federales de la Ciudad de México.

El arraigo vulnera los derechos humanos

De acuerdo con expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, el arraigo fue utilizado por las autoridades mexicanas para perseguir y construir presuntos culpables, y no para investigar los delitos que se cometen en el país.

El especialista en derechos humanos, Juan López Villanueva aseguró que el sistema de arraigo fue una medida que fue utilizada para privilegiar el encarcelamiento de las personas antes que demostrar que eran responsables de los delitos imputados:

“Como no sabíamos investigar pues se inventó el arraigo. Se sospechaba que eras tú el culpable de un delito, pero sin pruebas. Era totalmente violatorio del principio de presunción de inocencia y del debido proceso.”

Por su parte, la directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez señaló que, de mil 579 personas arraigadas por delincuencia organizada, al final sólo hubo 148 condenas por dicho delito:

“Únicamente fue un régimen de excepción donde no aplican las garantías procesales más básicas, y eso no tiene impacto en el número de crímenes ni en la impartición de justicia”.

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