Irán a la cárcel directamente quienes realicen estos delitos

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A pesar de las protestas y a falta del voto de los congresos estatales, la bancada de Morena logró en el Congreso de la Unión las modificaciones al Artículo 19 de la Constitución, para introducir nuevos delitos que merecerán prisión oficiosa. En su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, celebró que ahora la corrupción y el desvío de recursos con fines electorales se castigará con prisión preventiva oficiosa.

La prisión preventiva oficiosa significa que en ciertos delitos los probables responsables serán encarcelados de forma automática si un juez determina iniciarles proceso. Esto sin necesidad de que el Ministerio Público acredite el riesgo o perfil del inculpado.

La aprobación se dio con el voto a favor de 377 legisladores de los 480 que estaban presentes en el pleno de la cámara baja. La mayoría a favor la conformaron legisladores de Morena y sus partidos aliados (con algunas excepciones entre ellos) y el voto dividido de varios partidos de oposición.

Previo a la reforma que se aprobó el día de ayer, el Artículo 19 Constitucional solo contemplaba una lista de seis ilícitos que eran meritorios de prisión preventiva oficiosa: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego.

Los nuevos delitos

El dictamen aprobado por el Congreso agrega los siguientes delitos: uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia e hidrocarburos (huachicoleo), abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

Esto significa que las personas que sean acusadas de estos delitos ante un juez y se les inicie proceso deberán ser puestas en prisión de manera preventiva, como garantía de que enfrentarán el juicio que tienen por delante.

Con anterioridad a esta reforma una persona acusada por estos delitos ya podía quedar en prisión preventiva, sin embargo, para que ello ocurriera el Ministerio Público tenía que “justificar” ante el juez la necesidad de imponer esta medida cautelar en vez de alguna de las otras 15 que contempla la ley y son menos invasivas como un arraigo domiciliario, un brazalete, entre otros.

Al convertirse en delitos de prisión oficiosa el juez de la causa está obligado a imponerla en contra del probable responsable, aun cuando legalmente continúe siendo inocente hasta que se pruebe lo contrario.

La oposición señala errores

Varios de los diputados de oposición coincidieron en diversos argumentos en contra, entre ellos, que la prisión preventiva automática violenta el principio de presunción de inocencia, que va en contra de estándares internacionales en derechos humanos, que es una regresión, que los niveles de hacinamiento en las cárceles empeorarán, que no resuelve de raíz el problema de la impunidad.

Incluso la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, se pronunció en contra de ampliar el catálogo de delitos de prisión automática y al igual que otros legisladores pidió que la reforma fuera en la línea de forzar al Ministerio Público a investigar y justificar las solicitudes de prisión preventiva.

La legisladora Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, consideró que la prisión automática era una “sentencia sin condena” y criminalizara sobre todo a personas de bajos recursos.

Como la minuta que mandaron los senadores fue aprobada finalmente sin cambios por los diputados, el texto quedó avalado por el congreso de la Unión. Pero por tratarse de una reforma constitucional se requiere aun del aval de la mitad de los congresos estatales más uno. Una vez cumplido ese aval el Poder Ejecutivo podrá promulgarla.

El dictamen aprobado establece en sus artículos transitorios que la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva es una medida temporal y cuya efectividad deberá ser evaluada dentro de cinco años.