Aumenta el número de indígenas detenidos y torturados en México

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En México, sobre todo en el sureste del país, se cuentan por cientos los casos documentados contra personas indígenas a las que se les obliga a declararse culpables de delitos a través de la tortura practicada por integrantes del aparato de justicia.

Representantes de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), organismo donde confluyen más de 200 organizaciones de la sociedad civil, visitaron hace unos días el estado de Chiapas, como parte de sus actividades previo a la sesión 66 del Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Gobierno mexicano será evaluado por 10 expertos en una audiencia de dos días que tendrá lugar el próximo mes de abril, en Ginebra, Suiza.

La OMCT prepara un “informe sombra” o alternativo al que presentará el Gobierno mexicano, mismo que será entregado a los expertos de la ONU, y servirá también como instrumento para la evaluación del país.

Uno de los temas que abordará el informe alternativo es justamente la desprotección de los pueblos indígenas frente a la tortura, que es una deuda histórica del Gobierno mexicano con los indígenas.

Los organismos que integran la OMCT aseguran que cuando se tortura a una persona, la otra víctima es la familia.

Una ley de victimarios

En 2014, el entonces relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, documentó que la tortura en México es sistemática. Encontró que en el sistema de justicia es cotidiano para obligar a los detenidos a inculparse, por lo que las cárceles están llenas de personas víctimas de tortura.

Luego del informe de Méndez, México tuvo que responder con acciones. Creó la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que entró en vigor en junio de 2017 sin ser implementada.

“Tiene cláusulas transitorias que ordenan al Estado mexicano tomar medidas, como un programa de prevención, revisar sentencias y casos de personas que han sido condenadas con evidencias producto de la tortura, tiene plazos que no se han cumplido”, explica en entrevista Helena Solá, coordinadora del Programa para América Latina de la OMCT.

Detalla que pese a haber centenares de recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales al respecto, no se está tomando una postura pública y firme para revertirlo.

“Sigue siendo muy grave. Sigue habiendo personas que llevan 10, 15 años detenidas en procesos fraudulentos, siempre con la presencia de la tortura (…) Nos preocupa el trato y la invisibilización de la tortura en pueblos y grupos más vulnerables, como las comunidades indígenas”.

Gilberto, abogado del Centro Frayba, explica que han documentado al menos 60 casos de presos encarcelados con base en tortura y por tanto, según la Ley, los jueces están obligados a analizar de nuevo los casos y emitir una nueva sentencia.

“De los 15 casos que hemos documentado en personas indígenas, todas han presentado denuncia penal por estos hechos (ante la Fiscalía Contra la Tortura del estado de Chiapas). Hasta el momento no hay un solo caso que se haya judicializado, ni mucho menos que se haya llevado a sentencia (porque) varios de los fiscales que están llevando a cabo procesos de investigación están a su vez involucrados como perpetradores de esos mismos actos. Esto hace que la investigación se distorsione”.

Al laborar en ese nueva Fiscalía, “los torturadores son ahora quienes investigan la tortura”, explica.

Las evidencias de esta situación serán parte del informe que presenten las organizaciones de la sociedad civil, en el examen de México ante el CAT, en abril próximo.


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