Para acabar con el huachicol se debe seguir la ruta del dinero: especialistas

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Para muchos el anuncio del presidente López Obrador respecto a la guerra contra el huachicoleo era una simple cortina de humo para alejar los ojos de la opinión pública del accidente de la exgobernadora de puebla y su esposo Rafael Moreno Valle, sin embargo, no pudieron estar más equivocados, ya que la lucha contra el huachicoleo apenas comienza.

Para los analistas del sector energético la noticia sobre el hombre de confianza de Peña Nieto y lo que ocurría en entidades como Puebla en donde reinaba el huachicoleo a plena luz del día y ante las narices de Rafael Moreno Valle y su sucesor Antonio Gali, conocido como miembro del llamado morenovallismo; la Unidad de Inteligencia Financiera debe jugar un papel importante para combatir de raíz el robo de combustible a través de seguir la ruta del dinero que empoderó y alimentó a varios grupos políticos y empresariales durante los años de bonanza de esa actividad delictiva.

“Esto es todo un negocio que involucra a muchísimas dependencias, a muchísima gente. No estamos hablando sólo de narco, huachicoleros que venden a menudeo el producto, estamos hablando de toda una industria que involucra a muchísima gente. Todos esos intereses van a estar dañados y se van a reacomodar si realmente no se toman las acciones que se deben tomar y se continúa con la impunidad […]”, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice.

Correa-Cabrera consideró que la estrategia de combate al robo de combustible que emprendió en nuevo Gobierno federal ya empezó a sacudir a los grupos políticos involucrados en ese ilícito.

Guadalupe Correa precisó que en México las investigaciones no se llevan hasta las últimas consecuencias. En el robo de combustible las autoridades mexicanas han acuñado una versión oficial: que están rebasadas por los poderosos cárteles del crimen organizado. Los Zetas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, el mayor saqueo a Pemex no puede justificarse únicamente con la versión de que son sólo las bandas criminales con la ayuda de algunos funcionarios de Pemex.

En la actividad ilícita están vinculadas autoridades municipales, federales, estatales, el sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps y durante la administración peñista, las fuerzas armadas, dijo.

“Si los trabajadores de Pemex aceptan y contribuyen, ¿quiénes se benefician al final de lo que se les venden a los que venden la gasolina al menudeo, ellos que están haciendo un negocio, por el otro lado también los políticos que tienen el control de las policías estatales, estoy hablando del gobernador, porque están ahí y podrían decirle a la autoridad federal. Estamos hablando de un crimen a nivel federal y además de todo, las fuerzas armadas, quienes resguardan la infraestructura estratégica, ellos deberían de saber”, argumentó Correa.

Los estados más afectados

Durante 2018 seis estados lideraron en el número de tomas clandestinas en el país de acuerdo con la última versión publicada por Pemex que abarca datos de enero a octubre del año pasado.

Puebla ocupó el primer lugar durante todo 2018 con mil 815 tomas clandestinas; Hidalgo el segundo, mil 726; Guanajuato el tercero, mil 547; Veracruz el cuarto, mil 338; estado de México el quinto mil 268; Jalisco el sexto con mil 263; y Tamaulipas el séptimo lugar con mil 084 tomas.

En total Pemex reportó 12 mil 581 tomas clandestinas en todo el país durante ese periodo de acuerdo con el sitio web de la empresa productiva del Estado. Los siete estados estaban gobernados por administraciones panistas y priistas, algunos cambiaron de partido por la elección del 1 de julio como el caso de Jalisco y Veracruz, pero el lapso medido no corresponde a la nueva gestión que inició en diciembre.