Menores con discapacidad son sometidas a operaciones de esterilización sin su consentimiento

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Con el argumento de querer prevenir embarazos ante abusos sexuales, habitualmente en hospitales de México se realizan operaciones de esterilización a niñas y adolescentes con discapacidad, sin su consentimiento.

A pesar de que el Estado mexicano esta comprometido desde 2008 a adaptar sus normas a las de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo obliga a tomar medidas para reconocer el derecho a las personas con discapacidad a fundar una familia, decidir el número de hijos que quieren tener y mantener su fertilidad en igualdad de condiciones, en hospitales del país no se respetan estas garantías.

Sumando a esto, el Gobierno de México no ha sido capaz de dar respuesta a 82 solicitudes de información que permitan saber cuántas de las 12 mil 937 menores que fueron esterilizadas entre 2006 y 2016, tenían discapacidad y si dieron su consentimiento para ser intervenidas.

Ante estos cuestionamientos la Secretaría de Salud ha dicho que no tiene la “obligación” de llevar un registro, aunque ha aceptado que estas operaciones se han hecho en niñas de hasta 10 años de edad.

Sin embargo, de la única cifra que se sabe de menores de edad que fueron esterilizadas en México, se estima que al menos tres niñas y adolescentes de 17 años fueron intervenidas con una salpingoclasia todos los días.

Un tema pendiente para México  

Algunos estados como Baja California, Jalisco, Puebla y Tabasco han reconocido que pacientes con “retraso mental” son un escenario para la esterilización: entre 2010 y 2015 se sabe de tres menores que fueron esterilizadas por esta razón en el estado de Tabasco.

Operaciones que se realizan en un contexto de 10 años en los que México no ha modificado las normas que permiten hacer estas cirugías en caso de retraso mental.

Muchos médicos del país realizan estas operaciones con el fin de protegerlas de los embarazos no deseados. En muchos casos las menores son violadas o engañadas, sin embargo, el convenio firmado por México, determina que, antes de la intervención, primero deben ser escuchadas y atendidas sus necesidades.

La desinformación que existe alrededor de este tema es tal, que en el 2016 la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud detalló un registro de 23 mil 147 cirugías de oclusión tubaria bilateral (OTB) en niñas y jóvenes de 10 y 19 años, el equivalente al 40% de los casos de 2006 a 2015.

Siendo a inicios del 2018 cuando estas cifras fueron cambiadas debido a que nuevos registros solamente reportaban 5 mil 952 casos. La Secretaría de Salud indicó que los datos de otros años fueron “preliminares”, afirmando no tener detectados casos en los que niñas de 12 a 13 años fueron intervenidas de OTB.

Pese a esto, otros estados como Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Oaxaca detallaron en documento de transparencia, haber hecho operaciones en niñas de 12 a 13 años en 2016.

Pese a que las normas indican que antes de las operaciones se debe ofrecer opciones para la salud sexual y reproductiva, de acuerdo con la Coordinación de Medicina de la Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), son los padres de familia quienes piden que se haga la intervención, siendo la posibilidad del “embarazo” la justificación para realizar la esterilización

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