«Falsificaron mi firma», dice un alto responsable de la Estafa Maestra
Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, vinculado a la investigación de La Estafa Maestra, por un convenio firmado con la Universidad Francisco I. Madero en enero del 2016, que presuntamente derivó en el desvío de 185 millones de pesos, denunció penalmente ante la PGR la falsificación de su firma en dicho acuerdo.
Se trata del convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 firmado entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Universidad Francisco I. Madero, el 04 de enero de 2016, con el fin de que se difundiera y aplicaran “los conocimiento científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género, propiedad rural y desarrollo agrario, en cumplimiento de sus fines institucionales.”
Dicho convenio señaló que para dar cumplimento a los objetivos se daría paso a firmar convenios específicos de colaboración y anexos de ejecución.
Siendo el primero de ellos el de SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, firmado el 02 de febrero de 2016 por Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, mismo que dependía directamente de González Tiburcio, de acuerdo con una investigación el diario digital Animal Político.
Según el diario, para dicho anexo fueron destinados 224 millones de pesos, para que la Universidad Francisco I. Madero hiciera “el servicio profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de mecanismos de operación para la ejecución de los programas y acciones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, en cumplimiento de sus fines institucionales”.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó que, de los 224 millones, sólo se gastaron 185 millones de pesos, de los cuales en su totalidad fueron considerados como “probables daños del erario”, ya que, ni la Universidad ni la Sedatu pudieron comprobar que los servicios se hicieron.
Denuncia por falsificación de firma
El 9 de julio de 2017, el exsubsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio, interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Sedatu, bajo el argumento de que la firma que aparecía en el convenio con la Universidad Francisco I. Madero, no era suya, por lo que también denunció penalmente ante la PGR, a quien resulte responsable.
Ante este hecho, la PGR determinó que la firma contenida en el documento es verdadera, lo que hizo que González Tiburcio pasara de denunciante a imputado por el delito de “falsedad de declaración”, por haber mentido respecto a la falsificación de su firma.
Sin embargo, Julio Hernández Barros, abogado del exsubsecretario de Ordenamiento Territorial, aseguró en entrevista para Animal Político, que la PGR nunca le notificó a González Tiburcio sobre el cambio de su estatus jurídico, sino hasta el pasado 03 de diciembre de 2018 que se solicitó su presencia en la primera audiencia del 15 de enero de 2019.
Hernández Barros confirmó que el exfuncionario sí se presentó a dicha audiencia, así como a una segunda que se realizó el 24 de enero. Pero el abogado indicó que su defendido no está siendo investigado por desvío de recursos públicos, sino por falsedad de declaración.
“El OIC presenta la denuncia ante la PGR y se cruza de brazos, no vuelve a realizar ninguna investigación. Hubo una tremenda omisión en investigar y fincar responsabilidades administrativas.”
Investigan firmas, pero no el desvío de recursos
Alejandro Gertz Manero, titular de Fiscalía General de la República (FGR) señaló que de la Sedatu han sido vinculados a proceso 6 exfuncionarios, y 64 más están siendo investigados por su probable participación en el esquema de recursos públicos, cuyo presunto fraude asciende a 839 millones de pesos.
Durante el pasado sexenio, Enrique González Tiburcio, fue uno de los funcionarios más cercanos a Rosario Robles, quien presidió tanto la Sedesol como la Sedatu.
Sin embargo, el abogado Julio Hernández Barros ha señalado que las actuales investigaciones realizadas por la FGR, se están limitando a indagar en la autenticidad de las firmas del convenio, y no ha encontrar a los responsables que permitieron la salida de los recursos.
El abogado aseveró que el convenio no cumplió con algunos requerimientos como la falta de firma del titular del área jurídica de la Sedatu, la justificación del requerimiento de servicios, rúbrica de los funcionarios en todas las hojas del documento, y la inexistencia de las reuniones que se realizaban antes de firmar los convenios, además de que justificó que el 04 de enero de 2016, día en el que se firmó, González Tiburcio se encontraba de vacaciones.
Incluso Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, declaró durante la investigacion hecha por la Auditoría Superior de la Federación, que la firma que aparecía en el convenio no era suya, por lo que también presentó una denuncia penal.
Mientras que Noemí T., presunta accionista mayoritaria de la empresa Contabilidad y Soluciones INNER, mimas que recibió 42 millones de pesos por el convenio, tampoco reconoció como suyas las firmas consignadas en el contrato y negó ser la dueña de la empresa, y de igual forma, interpuso una denuncia de hechos en septiembre de 2017, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra quien resulte responsable por haber utilizado su nombre.
