Funcionarios de AMLO no dan acceso a su información patrimonial
Tal pareciera que aquello de “barrer las escaleras de arriba para abajo” todavía no ha comenzado en todo el Gobierno que encabeza el presidente López Obrador, la razón, de fundamental importancia para la imagen de austeridad y honestidad de la nueva administración, es la declaración patrimonial del gabinete presidencial.
El artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que la declaración de situación patrimonial se debe presentar en los 60 días naturales siguientes a la toma de protesta, es decir, que tendrán que hacerlo a más tardar el 29 de enero.
A pesar de este hecho la secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, se negó a transparentar al público en general sus datos patrimoniales y sus posibles conflictos de interés: en su declaración de servidora pública disponible en Declaranet, solo indicó su trayectoria profesional, que incluye entre otros la función de titular de la notaría pública 182 de la Ciudad de México, ubicada en el exclusivo barrio de las Lomas de Chapultepec.
En la misma postura de Sánchez Cordero se encuentran los siguientes funcionarios: Esteban Moctezuma Barrangán, ahora titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, quienes tampoco quisieron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera a conocer a la ciudadanía sus situaciones patrimoniales y posibles conflictos de interés.
Los que ya declararon
En los últimos días del 2018, prácticamente todos los integrantes del nuevo gabinete federal entregaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sus declaraciones patrimoniales de servidores públicos, la cual a su vez publicó los documentos en su plataforma Declaranet. Los funcionarios pueden decidir que la información patrimonial y sobre posibles conflictos de interés no se den a conocer a la ciudadanía en general.
Manuel Bartlett Díaz –otrora secretario de Educación Pública y de Gobernación en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Miguel De La Madrid, gobernador de Puebla y dos veces senador–; ahora director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó que ingresa 313 mil 924 pesos mensuales netos –. Además, el hombre informó que es titular de fondos de inversión y de capital por 51 millones 377 mil pesos, y dueño de tres locales y dos edificios, que pagó de contado en las últimas cuatro décadas.
Javier Jiménez Espriú, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, reportó que su conyugue es socia de Grupo Idesa, S.A. de C.V., la empresa que se asoció con Braskem –la filial de la brasileña Odebrecht, involucrada a su vez en un escándalo internacional de corrupción– para operar el complejo Etileno XXI. El hombre también indicó que es titular de tres cuentas bancarias, dos carros japoneses, y recordó que fue presidente del consejo de administración de Nec de México, S.A. de C.V. entre 1996 y 2016.
El canciller Marcelo Ebrard Casaubón, otrora jefe de gobierno capitalino, indicó que heredó de su madre una casa de 334 metros cuadrados en julio de 2017, e informó que no tiene vehículos a su nombre. Registró una cuenta bancaria, sin monto asociado, y planteó que su esposa, la diplomática hondureña Rosalinda Bueso Asfura, es socia de la empresa Estrategia y Comunicación Aster, S.A. de C.V.
Jorge Alcocer Varela, ahora secretario de Salud, también reportó ingresos por “servicios profesionales”, de 35 mil pesos mensuales netos. También indicó que es propietario de un departamento de 95 metros cuadrados y de una camioneta Land Rover que compró por 651 mil pesos a crédito en 2012; y que es titular de una cuenta bancaria y una participación en un fondo de inversión.
Carlos Urzua Macías, quien encabeza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reportó ingresos por 111 mil 792 mil pesos mensuales netos, así como un local y una casa de 435 metros cuadrados, pagada a crédito en 2009. En materia de inversiones, registró una cuenta bancaria dotada de 38 mil 496 dólares e informó sobre la incorporación de un fondo de inversión por 2 millones 20 mil pesos, así como un rubro de “organizaciones privadas” por un millón 580 mil pesos.
Miguel Torruco Marqués, el consuegro de Carlos Slim Helú quien dirige la Secretaría de Turismo (Sectur) en la administración de AMLO, reportó por su parte tres casas –una que heredó de su madre, y dos de más de mil metros cuadrados pagadas por contado en 1988 y 2015–, así como inversiones en fondos de inversión y una cuenta bancaria, con montos desconocidos.
Octavio Romero Oropeza, el actual director general de Pemex, registró ingresos por 191 mil pesos mensuales; una casa, dos departamentos y tres “terrenos rústicos”, así como cabezas de ganado por 3 millones de pesos y tres cuentas bancarias, en las que reportó cerca de 2 millones de pesos.
De quienes no se tiene información alguna es de Josefa Blanco Ortiz Mena –titular de la Secretaría de Medio Ambiente– y de Rocío Nahle, la secretaria de Energía; tampoco está disponible a la consulta la declaración de Alejandro Gertz Manero, el actual titular de facto de la Procuraduría General de la República (PGR), ni de Alfonso Romo, el jefe de oficina de AMLO, así como de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
