Diputados reducen el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva

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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados modificó el dictamen previamente aprobado por el Senado, que adicionaba 9 delitos que ameritaban prisión preventiva automática señalados en el Artículo 19 de la Constitución.

En diciembre del año pasado, el pleno del Senado había anexado al articulo 19 la prisión oficiosa a los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de hidrocarburos.

Sin embargo, información publicada por Animal Político, detalla que los diputados determinaron reducir la lista de los 9 delitos a solamente 3, dejando el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y delitos en materia de hidrocarburos, en el dictamen que, se espera sea discutido por el pleno el próximo 16 de enero.

“Esta comisión dictaminadora, en relación a la Minuta de mérito ha considerado el mínimo posible de afectación a esa perspectiva respetable y legítima de los derechos humanos, debido que se pondera que la situación en México es de emergencia y se justifica… Por lo anterior, esta dictaminadora propone modificar la Minuta de mérito de la Cámara de Senadores.”

Recordando que la Constitución solamente contempla el homicidio doloso, la delincuencia organizada, la violación, el secuestro, la trata de personas y actos cometidos de forma violenta con armas de fuego, como los delitos que ameritan la prisión preventiva.

¿Qué dice el dictamen?

El dictamen que se espera sea presentado en los próximos días ante el pleno propone que, en el caso de los delitos electorales se avale la prisión oficiosa a las personas relacionadas con el uso indebido de programas sociales con fines electorales.

La Comisión de Puntos Constitucionales indicó que estos casos son lo que más impacto tiene en la sociedad.

En cuanto al robo de hidrocarburos, los diputados señalaron que este delito es de los que más daño patrimonial genera a la industria petrolera del país y de los que más ingresos genera a las bandas delincuenciales, por lo que el aumento de dicha actividad podría generar una sentencia mayor o igual a los 5 años de prisión.

Mientras que en los casos de corrupción, ameritarán prisión oficiosa a las personas relacionadas con delitos por enriquecimiento ilícito y abuso de confianza. Esto debido que los diputados consideraron que la corrupción ha puesto al Estado mexicano en una situación de emergencia.

“Resulta ponderable mandar un mensaje claro sobre el trato que recibirán aquellos funcionarios públicos, como la pérdida de su libertad para enfrentar procesos penales, por prestarse a la comisión de actos de corrupción, en su modalidad de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones.”

Las críticas al dictamen

Los diputados que conforman la Comisión de Puntos Constitucionales se dijeron conscientes de las críticas que han recibido por parte de organizaciones y activistas, quienes consideran que ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos, debido a que priva de la libertad a las personas que no han sido sentenciadas.

Recordando que la asociación civil Borde Político había manifestado su rechazo al dictamen desde que fue aprobado en el Senado de la República, con el argumento de que esta medida vulnera el principio de la presunción de inocencia y criminaliza a la pobreza.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, en México hay poco más de 210 mil personas que se encuentran privadas de la libertad, lo que representa una tasa de 172 personas adultas en prisión por cada 100 mil habitantes.

Mientras que datos de Borde Político, señalan que existen un total de 76 mil 321 personas que están en prisión en espera de un juicio, lo que representa el total de 38% de toda la población que se encuentran privadas de la libertad.

“Es necesario que exista control judicial ya sea con puesta a disposición ante juez de control o sencillamente que los jueces puedan decidir en cada caso que amerita prisión preventiva. Básicamente que lo oficioso no sea igual a automático.”

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en donde expresó su preocupación por las diversas iniciativas que buscan ampliar el catalogo de delitos para la aplicación de la prisión preventiva, ya que, aseguraron son contrarias a los principios que rigen esta medida.

“La CIDH hace un llamado al Estado mexicano, así como a los Estados de la región, a derogar toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito. En esta ocasión, la Comisión Interamericana urge a los respectivos órganos legislativos a que no se apruebe una reforma contraria a los estándares interamericanos en materia de privación de libertad, y que atenta de manera evidente contra la presunción de inocencia, que constituye garantía judicial más elemental dentro del ámbito penal, y está expresamente reconocida por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos”