Bailarines mexicanos, los más olvidados por el Presupuesto 2019

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Todo parece apuntar a que los profesionales de la danza en México no serán parte de la Cuarta Transformación, toda vez que no han existido gestos ni actitudes que apunten a una nueva legislación, que garantice la vida digna de los artistas mexicanos, o una partida especial en el presupuesto de este año para garantizarles seguridad social.

En 1980, en la vigésima primera Conferencia General en Belgrado, Yugoslavia, la recomendación internacional de la UNESCO relativa a la condición laboral de los artistas expresaba a sus países miembros, entre ellos México, “crear y mantener las condiciones materiales” que faciliten el trabajo artístico.

El organismo explicaba desde entonces que “los artistas, en tanto contribuyentes con su trabajo al desarrollo de la sociedad, deben tener igualdad de condiciones respecto a los demás ciudadanos, así como derecho a gozar de la seguridad social”. Y reconocía el derecho del artista “a ser considerado como un trabajador cultural y a gozar en consecuencia de todas las ventajas jurídicas, sociales y económicas correspondientes a esa condición de trabajador, teniendo en cuenta las particularidades que entrañe su condición de artista”.

Sin embargo, las condiciones laborales de los artistas no han cambiado y, ante tal instalada situación, la UNESCO decidió lanzar una consulta mundial sobre las condiciones en las cuales los artistas desarrollan su trabajo, la cual estuvo abierta hasta el pasado 23 de noviembre; considera que sus resultados “servirán para informar a los responsables políticos y enviar un mensaje alentador a la comunidad global”.

En coherencia con el Derecho a la Cultura, logrado constitucionalmente el 4 de diciembre de 2008, la actriz María Rojo presentó en la Cámara de Senadores, dos años después a ese hecho, una iniciativa de ley que hubiera sido el primer paso para reconocer a los artistas como trabajadores culturales.

Consistía en el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores a la Seguridad Social, generado a la vez con recursos federales y aportaciones de aquellos artistas y gestores que voluntariamente se incorporarían al IMSS. El fideicomiso público sería administrado por el Conaculta, institución antecesora de la Secretaría de Cultura federal.

Desde hace ocho años la propuesta no ha sido atendida por los legisladores.

La danza no cuenta en la 4T

En tiempos de arranque de la nueva administración de Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal, se han suscitado actividades y pronunciamientos de profesionales de la danza en torno al tema de la dignificación en sus condiciones de trabajo.

El 13 de noviembre se realizó la mesa de diálogo Encuentro y Diálogo de la Secretaría de Cultura en Transición, establecida con la comunidad de la danza del país en el auditorio del Centro de Cultura Digital. Esta reunión, encabezada por Lucina Jiménez, actual directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, recogió las urgencias de bailarines, coreógrafos, maestros, periodistas y gestores para organizar la elaboración de un diagnóstico.

La demanda sobre la seguridad social para los artistas de la danza fue pronunciada por la bailarina y coreógrafa Lidya Romero. La artista tiene una trayectoria inagotable y renovadora desde 1979, cuando creó la agrupación independiente Forion Ensamble, y hasta la fecha como directora del grupo El Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento. Es una representante de la danza contemporánea de México que ha vivido varias transiciones de gobierno con ausencia del tema de las condiciones laborales.

Además de su pronunciamiento en la mesa de diálogo, la urgencia del asunto laboral volvió a salir el 27 de noviembre entre los resultados de la consulta nacional de danza que realizó Periplo Gestión Creativa, dirigida por Erandi Fajardo, quien ha estado muy de cerca en todo este proceso de diagnóstico de la danza. De hecho, ella formó parte, como moderadora, de la mesa mencionada.

La consulta, distribuida del 14 de agosto al 30 de septiembre a través de un formulario en línea con usos de la cuenta de Periplo Gestión Creativa de Facebook y de la base de datos de esta organización, concentró en un eje temático las preocupaciones respecto a las condiciones laborales de 691 participantes de 188 ciudades de los 32 estados del país.

La gestora cultural explica en entrevista que el eje Entornos de contratación, gestión autónoma y de trabajo de artistas “requiere de una política pública que estimule la constitución de asociaciones civiles y empresas culturales, contratos y convenios únicos con un perfil adecuado a los servicios que ofrecen los artistas y las agrupaciones culturales, respetando condiciones de trabajo y tiempos de pagos, seguridad médica y de vivienda, así como de ahorro y crédito”.