Un ministro frena la ley que pone al sueldo de AMLO como tope salarial

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Cuando alguien decide meterse con los salarios de los funcionarios públicos, se desatan el caos. Para miles de trabajadores del poder judicial, del instituto electoral y ciertas comisiones, la baja salarial que propone el presidente de México es un asunto completamente irracional que daña los derechos humanos de los servidores públicos en el país. Con un monto de 108 mil pesos como límite a ganar cada treinta días, las élites judiciales han protestado con todo su poder.

El ministro Alberto Dayán ha otorgado una suspensión de la polémica ley de remuneraciones impulsada por Morena. Con esto, quedaría invalidada la intención del presidente López Obrador para fijar su salario como el máximo a ganar en el servicio público. Es decir, los ministros podrán seguir ganando más de 200 mil pesos al mes, al igual que los consejeros del INE y los altos mandos de comisiones como la de derechos humanos. La suspensión asegura que puede haber daños “irreparables” en caso de aplicarse en México.

Con esto inició una guerra entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Desde el lado presidencial, López Obrador está convencido de que es prácticamente un delito ganar hasta 600 mil pesos mensuales en un país con el salario mínimo a 88 pesos. En el terreno legislativo las cosas están divididas. Mientras los morenistas, con mayoría en ambas cámaras, promueven los recortes salariales, la oposición priista, panista y perredista asegura que los altos salarios en México son un principio constitucional.

En el poder judicial han dejado claro que usarán su poder para eliminar esta propuesta de campaña de López Obrador. Desde que se anunciara el nuevo tope salarial, los ministros de la Suprema Corte ya se estaban aliando para detener desde lo legal una medida que consideran poco justa considerando la labor que desempeñan. El debate ahora será si los diputados fijan esta cifra como el tope salarial desde el terreno constitucional. Es ahí en donde Mario Delgado y Ricardo Monreal han prometido imponer el monto.

Los partidos PRI, PAN y PRD, además de Movimiento Ciudadano, ya se han unido para frenar desde la cámara baja esta propuesta. Aliados de la alerta que emitió la comisión nacional de los Derechos Humanos, la oposición asegura que esta medida salarial atenta contra los derechos laborales y humanos de los mexicanos.Lo cierto, como ya mencionamos, es que la CNDH nunca se preocupó por el tema hasta que la austeridad amenazó el salario de su presidente, que gana cerca poco más de 170 mil pesos mensuales.

El debate nacional apunta justamente a eso. En un país en donde millones de mexicanos ganan 88 pesos al día, no se considera justo que haya funcionarios que ganen más de 3,000 pesos diarios. López Obrador lo dejó claro en su toma de protesta, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Esta frase encendió las alertas en las carteras de los altos mandos del servicio público, lo que dejó ver las alianzas que pueden generar para defender sus salarios creando grupos en el poder legislativo y judicial.

Ricardo Monreal exhibe que los ministros y jueces de la Suprema Corte que están frenando esta iniciativa son exactamente las personas que se verían afectadas por los recortes salariales. Para el morenista, es ilegal que sean jueces y parte en un tema que pasó de ser promesa de campaña a convertirse en el debate nacional más sonado de estos días. Con esto, se viene un jaloneo legal que confrontará al presidente con los ministros, justo en el momento en que el tabasqueño propone tres cercanos para una vacante en la Suprema Corte.