Más de 2,000 elementos del Poder Judicial se amparan para evitar recorte salarial

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La austeridad de López Obrador es un alfiler olvidado en un sillón: alguien saldrá molesto después de acomodarse. La intención del tabasqueño de recortar su salario a la mitad fue bien aplaudida por la sociedad y varias instituciones, el problema empieza cuando fijó su salario como el tope máximo de lo que se puede ganar en México siendo un funcionario público. El escándalo pegó directamente al poder judicial, específicamente a 600 magistrados.

Para evitar que el salario de 108 mil pesos mensuales que ganará el presidente mexicano sirva como vara para recortar el de ellos, varios ministros mexicanos y poco más de 1,400 empleados del poder judicial ya se han amparado legalmente para que sus salarios permanezcan intactos. Esto deja ver la enorme cantidad de dinero que se reparte tan sólo en nóminas en el tercer gran poder mexicano, junto con el legislativo y el ejecutivo. En los primeros dos días de presidencia obradorista, el blindaje legal de este poder ha comenzado.

Este podría ser el primer gran encontronazo entre López Obrador y los ministros de la Suprema Corte mexicana. Recordemos que llegan a ganar 4.2 millones de pesos anuales, es decir, 269 mil pesos cada treinta días. Si recortamos la cifra, los ministros mexicanos ganan más 373 pesos por hora o 8,966 pesos al día. No quieren que su salario se reduzca ni un solo peso y tienen las armas legales para prolongar el conflicto hasta sus últimas consecuencias. Recordemos que hicieron frente a Enrique Peña al frenar hace una semana su ley de seguridad militarizada.

En la demanda colectiva en contra de la decisión del presidente mexicano, se asegura que “el Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales”. Todo esto como resultado de la ley avalada en ambas cámaras legislativas, de mayoría morenista, que fija como legal la petición de Obrador en donde nadie puede ganar más de 108 mil pesos mensuales o se considerará delito.

Los magistrados y empleados del poder judicial ya han intentado hablar con el equipo más cercano al tabasqueño para dejar en claro su descontento. Primero se acercaron con el morenista líder de la cámara de diputados, Ricardo Monreal, que no fascina a los ministros después de proponer rotación de jueces, polígrafo y antidoping para los ministros para evitar corrupción. Luego hablaron con la segunda al mando, la exministra Olga Sánchez, que prometió hablar con el presidente. Pero parece que no hay respuesta favorable.

Ante el caos de empezar a ver su salario recortado en un 50% o más, varios ministros, magistrados y empleados continúan con el ejemplo de la magistrada sonorense Sonia Rojas, que promovió un amparo para que se respetara su sueldo. Sorprendentemente la demanda de la sonorense fue aceptada y después de este ejemplo se presentaron amparos masivos para enfrentar la llegada de López Obrador y su plan de austeridad. Detrás de la intención del nuevo presidente mexicano está un férreo combate a la corrupción. La premisa de Obrador ha sido últimamente “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Lo cierto es que desde el poder se trabaja para operar como contrapeso de las iniciativas de López Obrador que pasarán fácilmente por el poder legislativo, en donde su partido tiene amplia mayoría. Para evitar más confrontaciones, los ministros mexicanos enviaron un programa de austeridad que entraría en vigor el primer día de 2019 y en donde se busca ahorrar en ciertos aspectos de la vida en el poder judicial, pero en donde no se toca en absoluto los salarios de los altos mandos de este poder.

Falta esperar la respuesta de Morena ante estos amparos masivos. Lo cierto es que se puede apreciar, en caso de una negativa, el primer gran conflicto de poderes en México en la era de López Obrador.