Se unen PAN, PRI y PRD para defender altos sueldos del Poder Judicial

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Ya podemos llamar frente opositor a la unión de partidos con poca representación legislativa en ambas cámaras legislativas. Desde que Morena, el partido líder en la cámara de senadores y diputados, propuso quitar el fuero a funcionarios públicos, se empezaron a ver estas alianzas encabezadas por Acción Nacional y el PRI. Ahora, se reafirma este grupo político al buscar desde lo legal un freno a la ley de remuneraciones propuesta por el presidente López Obrador.

La intención del tabasqueño que recién tomó las riendas del poder federal es fijar su salario de 108 mil pesos mensuales como el tope salarial de los funcionarios públicos. Nadie podrá ganar más que él, por lo que a frase que más repite el presidente es “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, algo que ha calado profundamente en los ministros, jueces, magistrados y empleados del poder judicial. Se sabe de al menos 2,000 amparos que solicitan respetar los sueldos actuales que rebasan, en algunos casos, los 300 mil pesos al mes.

En defensa de los reclamos del poder judicial han salido los partidos tradicionales PRI y PAN, alegando que esta ley obradorista es totalmente inconstitucional. La unión de 55 senadores de diversos partidos busca “salvaguardar la división de poderes, proteger el pacto federal y a la soberanía estatal”. Para el PRI, comandado por Claudia Ruiz Massieu, no es posible que el gobierno federal quiera imponer sus normas en el terreno judicial, en donde se opera con autonomía. Para los priistas, el tope salarial del presidente daña la división de poderes.

Los panistas, comandados por Marko Cortés, aseguran que se debe respetar a los tres poderes sin imponer una sola visión. Los conservadores han promovido, en conjunto con sus aliados del PRI, una demanda que declare como inconstitucional este recorte a los salarios de los ministros mexicanos y los trabajadores del poder judicial. Para el partido católico que gobernó durante doce años el país “la Ley Federal De Remuneraciones transgrede los principios constitucionales de división de poderes, la autonomía presupuestaria, y la independencia de otros poderes”.

Ya desde que López Obrador prometió que nadie ganaría más que el presidente se encendieron las alarmas en varios grupos, pero siempre resaltó la molestia de los ministros mexicanos. Uno de ellos, Medina Mora, fue el primero en cruzar los brazos en señal de protesta por la medida de austeridad del tabasqueño. Al ministro que permitió el blindaje legal de Enrique Peña Nieto se le sumaron varios aliados. La acción decisiva para ampararse en contra de esta ley es el amparo ganado por la magistrada sonorense Sonia Rojas, quien conservará su sueldo por encima de los 108 mil pesos mensuales.

Incluso para la comisión nacional de los derechos humanos esta ley de remuneraciones impulsada por Obrador y Morena “no cuenta con los parámetros y reglas necesarios para su implementación”. A esta negativa para recortar los sueldos de altos funcionarios se suma el PRD y Movimiento Ciudadano, dos partidos políticos que habían confirmado su alianza con las intenciones morenistas. Para este frente opositor, el número de senadores reunidos es suficiente, ya que cuentan con el 33% de los representantes de la cámara alta.

El PRI ha elevado la discusión al tachar de autoritario al presidente mexicano por su intención de gobernar sobre los salarios del poder judicial. “No será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de mayoriteo la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y personal de las y los trabajadores quienes, con sus familias, aspiran a mejores estadíos de bienestar”, comentaron los senadores tricolor.

Por lo tanto, esta demanda para declarar inconstitucional a la ley de remuneraciones podría frenar de nueva una promesa de campaña de López Obrador. Ya hace unos días vimos cómo el matrimonio PRI-PAN ha funcionado para golpear las intenciones morenistas en el tema de la eliminación del fuero federal. Con esto, el presidente enfrenta una nueva avanzada en contra de su proyecto de austeridad y combate a la corrupción. Al poder judicial se le han unido reclamos desde el SAT, el INE y la secretaría de hacienda.