Los trabajadores más cercanos a Javier Duarte ya están en libertad
Cuatro exfuncionarios del Gobierno de Veracruz que trabajaron en la administración de Javier Duarte, que están siendo procesados por delitos como desvío de recursos y desaparición forzada, han salido de prisión gracias a que el juez les otorgó un amparo.
Se trata del exjefe de la policía Arturo Bermúdez; el exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac; el ex comisionado del Sistema de Aguas, Francisco Valencia; y Luis Ángel Bravo, fiscal general de 2010 a 2016.
¿Por qué salieron?
El exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez obtuvo un amparo de la jueza que lleva su caso, debido a que se concluyó que el delito de desaparición forzada que se le imputa al exfuncionario, “no está” adscrito a la Constitución como parte de los ilícitos que ameritan prisión preventiva.
Arturo Bermúdez podrá desde ahora llevar su proceso en libertad, por el que es acusado de haber implementado estrategias de seguridad, que consistieron en detener a personas de las cuales posteriormente no se supo cuál fue su ubicación.
Es decir, que la jueza ordenó cambiar las medidas cautelares para que el exsecretario de Seguridad Pública tenga que ir a firmar cada semana, además de dar 1 millón de pesos de garantía económica, hacer entrega de su pasaporte y no tener contacto los testigos del proceso.
Mientras que el excomisionado del Sistema de Aguas, Francisco Valencia, quien es señalado por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos, también salió de la cárcel, después de que modificaron la prisión preventiva en su contra debido a que los jueces federales consideraron presuntas violaciones a sus derechos humanos.
Los jueces modificaron las medidas cautelares dictadas a Francisco Valencia, por lo que ahora llevará su proceso en libertad, y también deberá de firmar periódicamente.
Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, dejó el pasado lunes 3 de diciembre el Penal de Pancho Viejo, luego de la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez determinara posibles violaciones a los derechos establecidos en los tratados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Audirac fue vinculado a proceso en abril del 2017, acusado de haber ordenado la transferencia de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular de Veracruz, de los que presuntamente quiso obtener rendimientos financieros.
En tanto que, Luis Ángel Bravo, ex fiscal de Veracruz es acusado del delito de desaparición forzada y al igual que Arturo Bermúdez, también obtuvo un amparo contra la orden de prisión preventiva, que le fue otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Acusaciones entre el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General
La salida de la cárcel por parte de los excolaboradores de Javier Duarte, provocó la molestia del nuevo gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien calificó estos hechos como un “fiasco y un show mediático», haciendo referencia de todas la denuncias, investigaciones y recuperación de bienes que implementó la pasada administración .
El Gobernador Cuitláhuac García responsabilizó al actual Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, de haber negociado una reducción de pena en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.
El gobernador acusó a Arturo Bermúdez de haber negociado su estancia en la cárcel durante un tiempo, a cambio de que pudiera salir y de que entregase una casa en Estados Unidos, que operó en tiempos electorales.
“Tenemos informaciónprecisa de que fue el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, quiennegoció con Bermúdez Zurita acusarlo sólo por el delito de desapariciónforzada, el cual lamentablemente no es considerado grave en el estado deVeracruz”.
Sobre estos señalamientos el portal Aristegui Noticias publicó unos audios en los que se escucha al Fiscal Anticorrupción de Veracruz, Marcos Even Torres y a Rodolfo Reus, abogado defensor de Arturo Bermúdez, hablar sobre un “acuerdo” que el entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes negoció con la defensa del imputado.
Estos audios que presuntamente fueron grabados en septiembre pasado, fueron confirmados por el abogado Rodolfo Reus, quien señaló la legalidad de estos acuerdos, ya que aseveró están permitidos en los mecanismos alternos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Durante dicha reunión el abogado da cuenta de los acuerdos a los que se había llegado con el Gobernador Yunes, el cual consistían en la extinción de 3 de los cuatros delitos que se le imputan a Bermúdez, a cambio de entregar propiedades que el exfuncionario compró durante la gestión de Duarte, y que están valuados en 170 millones de pesos.
Acuerdos reparatorios que Marcos Even Torres se negó a hacer validas dado que señaló que el acuerdo era que Arturo Bermúdez se declarase culpable a cambio de una pena menor a 5 años de prisión.
Mientras que Jorge Cisneros, secretario de gobernación de Veracruz señaló supuestos “errores en los casos integrados por la Fiscalía que encabeza Winckler Ortiz.”
En respuesta a esto, Jorge Winckler Ortiz responsabilizó al nuevo gobierno de Veracruz de la salida de la cárcel de los exfuncionarios duartistas y de haber armado una campaña mediática para intentar victimizar a los imputados.
Asimismo, el fiscal señaló que impugnará la decisión tomada por los jueces que permitieron la liberación de los procesados.
“Se han abierto las puertas del penal de Pacho Viejo a los duartistas, con el argumento de que los probables responsables de desaparición forzada y del saqueo en Veracruz tienen derecho a seguir sus juicios en libertad».
Van contra Jorge Winckler
Jorge Winckler fue nombrado como Fiscal de Veracruz en 2016 durante la pasada administración de Miguel Ángel Yunes, y aunque su gestión concluye hasta el 2025. El pleno del congreso local del Estado, cuya mayoría tiene Morena, aprobó el dictamen que promueve modificaciones al artículo 33 de la Constitución del estado, que le da facultad a la legislatura de designar y remover al fiscal.
Esto sumado a que han llegado pleno del congreso local un total de 7 solicitudes de juicios políticos promovidos contra el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz.
El presidente de la Mesa Directiva, José Manuel PozosCastro, aseveró que las solicitudes fueron interpuestas por abogados y exfuncionarios estatales que consideran que el fiscal violentó la ley.
“El Congreso tiene la obligación de revisar y de aplicar y a ver que se aplique la ley, absolutamente en toda su justa dimensión. Veracruz ya ni puede permitir que no se esté dado cumplimiento.”
Por su parte la diputada panista María Josefina Gambia Torales, que integra la Comisión de Procuración de Justicia y de Gobernación, explicó que una de las vías que se pueden usar para proceder contra Winckler, es mediante los juicios políticos.
Algunas de las denuncias que han llegado a congreso fueron promovidas por la organización ONEA, la cual señala a la Fiscalía por no atender a colectivos. Por el abogado Jorge Reyes Peralta, defensor de una delas personas procesadas de desaparición forzada, quien señaló al fiscal de haber torturado a su defendido.
En tanto que el propio Arturo Bermúdez también solicitó a través de sus abogados la solicitud de otro juicio político contra del Fiscal, por haberlo presionado y extorsionado para firmar declaración prefabricadas.
Con información de Animal Político, El Universal y El Financiero
