Kiko Vega, el gobernador panista que sumió en la crisis a Baja California

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Le debe a prácticamente todos, no tolera las críticas a su administración y para evadir el caos de su gobierno gusta de viajar constantemente. Esta es la actitud que ha permeado durante la administración del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid. El panista aún tienen un año de trabajo y ya se ven alarmas en la deuda del estado norteño, en donde se acusa también al gobernador de someter a la prensa local a base de dinero.

Hasta el día de hoy, Baja California tiene activo el semáforo amarillo en temas de finanzas. Esto quiere decir que el gobierno panista está bajo observación por parte de las autoridades fiscales por el endeudamiento creciente durante la administración de Vega. El semáforo amarillo ya estuvo presente en estados como Chihuahua, Coahuila, Veracruz o Michoacán, en donde varios de sus gobernadores están en prisión o bajo investigación por succionar recursos de las arcas estatales.

Lo que pasa es que el famoso “Kiko” Vega le debe a prácticamente toda dependencia o comisión posible. Hay adeudos grandes con el poder judicial, el instituto electoral bajacaliforniano, proveedores independientes, escuelas, jubilados, profesores, universidades, comisión de derechos humanos, entre otras. Los adeudos del panista suman más de 600 millones de pesos, y -para solucionar el problema- el gobernador quiere aumentar los impuestos de inmediato. Es decir, que sus adeudos lo paguen los bajacalifornianos.

Recordemos que México es un país sumido en una gran crisis financiera desde hace décadas. Esto no mejora cuando se ve con lupa la situación de sus 32 estados, en donde la mayoría muestra números amarillos o rojos. En el caso de Baja California, el adeudo ha sido constante y acelerado. Francisco Vega ya está siendo investigado por la auditoría superior para ver cada transacción económica de su gobierno y determinar si se ha recurrido a la corrupción.

¿A quién le debe Kiko Vega?

El gobernador panista de Baja California acumula adeuda a un año de terminar su mandato. Al poder judicial le debe 215 millones de pesos, a los profesores jubilados del estado les debe 280 millones de pesos, a la universidad local le adeuda 100 millones, a lo comisión estatal de derechos humanos le debe 5.6 millones de pesos, al instituto electoral local le debe 14.4 millones y al de transparencia 2.6 millones de pesos. Todo esto suma un total de 617 millones 775 mil pesos.

Todos estos adeudos hacen sudar la frente del panista y para asegurar los pagos sin meterse en problemas fiscales o investigaciones se ha lanzado en contra de sus ciudadanos. Con la auditoría federal encima, el gobierno de Baja California ya trabaja en elevar impuestos para saldar las deudas a través de la ley de disciplina financiera. Este es un método usado por las autoridades para evitar desfalcos claros que aumentan a pesar de las advertencias, como sucedió con Javier Duarte y César Duarte.

La meta para saldar las deudas es hasta noviembre de 2019, prácticamente un año. La cantidad es bastante alta y esos 617.7 millones de pesos se pagarían con impuestos sobre la nómina a trabajadores. Pero ya se encuentran ciertas irregularidades, ya que el gobierno de Vega asegura que estos recaudos serán destinados a programas educativos. Por el momento, ya se prepara una investigación profunda que podría hacer del panista bajacaliforniano un hombre que corra con la suerte de los Duartes.

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