Argentina autoriza que la policía dispare por la espalda a los ciudadanos

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Como si se tratara de una historia del Viejo Oeste, en Argentina el Gobierno de Mauricio Macri autorizó a los agentes de las fuerzas federales de seguridad usar armas letales para disparar por la espalda ante la fuga de quien haya cometido delito, represente un peligro, o de quien se sospeche que pueda serlo, sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa.

En el país sudamericano esta ley fue calificada por organizaciones civiles como una autorización para asesinar sin consideraciones con la autorización del Gobierno.

La ley, aprobada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entró en vigor un día después, el 28, dos días antes del comienzo de la Cumbre del G-20, que transcurrió el 30 de noviembre y el primero de diciembre.

El Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial, que además violenta el Código Penal argentino, indica que el uso de armas letales es válido en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves o para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.

El reglamento determina que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, y en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.

La disposición, que deroga cualquier otra anterior que contravenga la actual, autoriza a disparar contra quien se fugue luego de haber causado, o de haber intentado provocar muertes o lesiones graves.

Pero en el reglamento no se explica cómo se sabe si alguien intenta provocar lesiones graves, por lo que cualquier daño de las fuerzas de seguridad podría quedar exculpada si estos dicen que su intención fue no dañar al presunto culpable.

La historia de una ley “fácil”

El caso Luis Chocobar impactó en el país, ya que este en diciembre de 2017 policía disparó y mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, de 19 años de edad, quien huía de un asalto a un turista norteamericano herido en el famoso barrio de La Boca por otro delincuente.

A partir de allí se disparó un encendido debate entre quienes respaldaron su accionar y entre quienes aseguraron que se trató de un caso de “gatillo fácil”. La Justicia se inclinó más hacia el lado de la segunda opción, porque procesó a Chocobar al considerar que se excedió en la legítima defensa.

A partir de entonces han sido ejecutados de la misma manera varios jóvenes en distintas circunstancias, incluso por equivocación o por sospechas.

Uno de ellos, el mapuche Rafael Nahuel, muerto en Río Negro en noviembre de 2017, quien no portaba armas y fue literalmente asesinado por la espalda cuando huía de agentes  que entraron a reprimir para desalojar familias de esa etnia de sus tierras.