132 jueces fueron sancionados por corrupción en el sexenio de Peña Nieto

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Una investigación de la Unidad de Datos del portal SinEmbargo.mx reveló que 132 jueces fueron sancionados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto por delitos como corrupción, fraude y nexos con el crimen organizado.

La publicación destacó que entre 2012 y 2018, al menos 11 magistrados y jueces fueron destituidos por corrupción o irregularidades; mientras que 50 fueron suspendidos, 13 sancionados y 58 recibieron una advertencia por las consecuencias penales o administrativas de sus actos.

Tal cantidad, según el portal, equivale al 6.2% del total de funcionarios públicos federales y locales, quienes recibieron 2,139 sanciones administrativas y penales “definitivas”, según cifras desconcentradas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Jueces corruptos

De acuerdo con la PGR, entre 2014 a 2016, se realizaron 526 denuncias en contra de funcionarios públicos, de las cuales, el 45% (236 casos) fue por delitos cometidos, 42% (220) por la comisión de ejercicios indebidos y 13% (70) por coalición de servidores públicos.

Cabe destacar que el organismo dio a conocer que las cifras que se refieren a delitos federales cometidos por los funcionarios se incrementaron 24% en términos reales, al pasar de 3 mil 755 a 4 mil 575 casos, entre 2013 y 2016.

Otro de los delitos comunes entre los jueces, según SinEmbargo.mx son: los nexos con el crimen organizado, los cuales se han visto al alza durante los últimos nueve años, demeritando la confianza en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Tomando en cuenta lo anterior, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República solicitó a la PRG el pasado 11 de diciembre, un informe pormenorizado de las investigaciones por actos de corrupción en contra de jueces y magistrados.

De acuerdo con Monreal, esto tiene el objetivo de atacar la corrupción que permea en los órganos jurisdiccionales de nuestro país, ya que la falta de información disponible “limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano”.

La investigación encontró que entre 2012 y 2017, “el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF) sancionó a 117 jueces y magistrados que incurrieron en irregularidades durante el ejercicio de sus funciones. Los casos incluyeron apercibimientos, amonestaciones, suspensiones hasta por 10 años consecutivos, así como la separación inapelable del cargo”.

Asimismo, el citado medio mencionó que entre los delitos realizados por los servidores públicos se encuentran el conflicto de interés y el uso indebido de atribuciones, de los cuales fueron acusados 14 magistrados y jueces, quienes fueron suspendidos y destituidos, entre 2010 y 2017.

El citado medio también señala los escándalos de 2012, 2013, 2014, 2015 y julio de 2016, cuando la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCM) evidenció la existencia de una posible red de corrupción al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino.

“Según la indagatoria FSP/T2/120/2016, tanto magistrados como secretarios del TSJ delinquieron por sustraer archivos de “alto impacto” en beneficio de sus “amigos” litigantes, algunos relacionados con los despachos legales Asociados Rodríguez Rodríguez y Reyes y Nava”, acotó el portal.

Delitos sancionados

Sin duda, uno de los actos de corrupción más evidente en el sexenio pasado fue del ex magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien se vio involucrado en una investigación y proceso de destitución en contra de 14 magistrados y jueces señalados de sostener vínculos con el crimen organizado, además abusar de su autoridad.

Según el portal, Altamirano fue suspendido en mayo de 2012, acusado de enriquecimiento ilícito, pues tenía ingresos no justificados superiores a 2.4 millones de pesos al año y pesaban sobre él otros estigmas de corrupción como la exoneración del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, por la matanza del 2 de octubre de 1968.

Vale destacar que la investigación también aborda el reciente caso de los funcionarios públicos y jueces y magistrados de Coahuila y Nayarit que fueron acusados de defraudar a miles de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Esto mediante juicios exprés y falsos para justificar la requisición de las propiedades morosas, de modo que los funcionarios del Infonavit pudieran rematar las propiedades entre 34 a 47% menos de su valor inicial, hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el monto total del fraude.

Lee la investigación completa en SinEmbargo.mx