Los Yaquis contra el Acueducto Independencia, el tortuoso camino a la justicia

Una investigación llevada a cabo por Sin Embargo puso en evidencia por enésima vez, el tortuoso camino que la tribu yaqui ha tenido que pasar para alcanzar la justicia. Amenazados, amedrentados y con miedo, se enfrentan a los intereses del Estado de Sonora y los habitantes de Hermosillo para conservar aquello que por derecho les corresponde. 

El tortuoso camino por la justicia de la Tribu Yaqui.

El 11 de septiembre de 2014, policías estatales vestidos de civiles detuvieron a Mario Luna, defensor de derechos humanos y del agua en Sonora y representante de la Tribu Yaqui. Tras permanecer incomunicado por una hora, fue trasladado al CERESO #2 de Hermosillo. Fue acusado de secuestro por las autoridades de Sonora, sería privado de su libertad por un año. 

La verdadera razón de la detención reside en las acciones que emprendió en contra de la construcción del Acueducto Independencia el cual abastecería de agua a Hermosillo. El acueducto despojaría de 75 millones de metros cúbicos de agua a la tribu que ya padece de escasez.

Desde que el proyecto fue anunciado en 2010, el Pueblo Vicam solicitó fuera consultada previo a la realización del proyecto. La solicitud fue negada, aunque el Marco Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas establece el proceso como un derecho de acuerdo con los lineamientos establecidos por Naciones Unidas. Tras la negativa, la Tribu Yaqui no tuvo otra opción más que recurrir a la protesta. 

Y es que la Tribu Yaqui goza del derecho de explotar el 50% del agua del caudal del río para su comunidad. Esto de acuerdo con el decreto en el Diario Oficial de la Federación de 1940 expedido en 1940 por Lázaro Cárdenas a favor de la Tribu. Esto comprendería un total de 600 millones de metros cúbicos sumando el afluente y los escurrimientos. Actualmente la tribu recibe aproximadamente 250 millones de metros cúbicos. 

Nosotros vemos la escasez de agua, la poca disponibilidad y la gran cantidad de usuarios por lo que agregar a una ciudad como Hermosillo a una cuenca deficitaria acabaría por completo con la aspiración del Pueblo Yaqui de rescatar lo que en decreto tenemos como propiedad a favor del propio Pueblo Yaqui.

Los yaquis han sido señalados por la sociedad civil y el gobierno de Sonora como detractores del progreso y de tener poca empatía con las necesidades de la gente de Hermosillo. Los habitantes de las comunidades aseguran que el problema es mucho más grave de lo que se ve a simple vista. Debido al ajuste del caudal, se ha deteriorado constantemente la costa del Mar de Cortés y se han perdido 700 hectáreas para el cultivo y la ganadería.

Ellos argumentan que la intención de crear ese Acueducto es darle agua a la ciudad de Hermosillo, pero no especifican que sea a la red de agua potable, ellos lo que quieren es fomentar el consumo de la industria. El Acueducto Independencia termina en las inmediaciones del Parque Industria de Hermosillo en donde, en una ciudad sin agua, están instaladas las plantas Ford, Coca Cola y Heineken, y muchas otras empresas que son altas consumidoras de agua, como refresqueras y un desarrollo inmobiliario que se está promoviendo. Todo eso implica agua (…) ellos ya le pusieron precio al agua y la están viendo como una mercancía.

(Sin Embargo) Mario Luna tras su liberación. Estuvo preso durante un año por un delito que no cometió.

Amenazados, atacados y amedrentados luchan contra los intereses del Gobierno de Sonora. 

Mario Luna ha representado a su comunidad ante la adversidad, previamente fue su secretario en la asamblea y su escribano. Como defensor del agua ha sido víctima de ataques por parte del Estado en lo comunitario, familiar y personal. 

Su hijo fue detenido y golpeado en exigencia a dispersar el movimiento; el auto de su esposa fue atacado y quemado. Aún a pesar de esto, no fue hasta junio de 2017, poco después del ataque a su esposa, que el Gobierno de Sonora y del Ayuntamiento de Guaymas le brindaron protección. El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no le ofreció protección alguna a Luna.

Mario ha tenido que vivir violencia de Estado tanto con el gobierno de Padrés como el de Pavlovich Arellano. Sin embargo, la parte más dura fue en el gobierno de Guillermo Padrés. Durante la administración del panista los yaquis fueron hostigados y criminalizados; el gobierno de Padrés emprendió una campaña de desprestigio por la que la sociedad civil se lanzó en contra de ellos burlándose y agrediéndolos. 

Durante la administración de Pavlovich Arellano la historia no fue muy distinta. Las amenazas no pararon y el crimen organizado se involucró como un factor de presión. Los yaquis fueron acusados de tener nexos con organizaciones criminales y los apoyos gubernamentales les fueron retirados. Luna acusa de una complicidad entre políticos e impunidad en búsqueda de despojarlos de sus derechos.

Otra cosa que hemos apuntado es la complicidad que existe entre los políticos, ya sea de un partido u otro. Al salir Guillermo Padrés, al tener una caída estrepitosa, entró el PRI con Alejandra Pavlovich, con ella se vio un cambio en el trato a la comunidad pero el despojo continuó, el despojo siguió, y la violación de nuestros derechos continúa al seguir operando una obra como el Acueducto Independencia que todos los días roba agua del territorio yaqui sin tener manifiesto de impacto ambiental. El Estado de Derecho sigue siendo violentado.

Mario destaca que el problema está en la ausencia del Estado de Derecho. Esa lacerante condición que permite que las comunidades indígenas puedan ser despojadas de sus derechos con total impunidad.

(Sin Embargo) Habitantes de comunidades yaquis protestan en contra del Acueducto Independencia.

La simulación y la consulta bajo amenaza.

Desde el 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que se violaron los derechos humanos a la consulta a la Tribu Yaqui al momento de emitir la autorización de impacto ambiental del acueducto independencia por lo que ordenó que se realice. Sin embargo, la orden no fue acatada con inmediatez, como respuesta, la tribu protestó y en réplica recibieron detenciones arbitrarias y agresiones.

La consulta no sólo no fue realizada en tiempo y forma, sino que se realizó con el 30% de la obra ya empezada, en un contexto de hostigamiento institucional a través del retiro de apoyos gubernamentales y ordenes de aprehensión por delitos que los integrantes de la comunidad no habían cometido.

Los organizadores fueron encarcelados y se les ligó indebidamente con el crimen organizado. Poco tiempo después, bandas criminales empezaron a amedrentar a los pobladores de las comunidades con el fin de generar una psicosis social y dañar la moral de la comunidad. Los resultados de la consulta fueron dados en un contexto de amenaza y riesgo creado, no hubo libertad. 

Las consultas dejan mucho que desear. En el caso de la Tribu Yaqui no sirvió de mucho: únicamente para exhibir todas las intencionalidades subyacentes en estos procesos y la decisión final queda en un grupo reducido de supuestos expertos (…) pero lo que opina la tribu queda en un segundo término. Las consultas si no son vinculantes y no contemplan la obligatoriedad, son una vacilada. 

(Sin Embargo) ¿Llegará algún día la justicia a la Tribu Yaqui?