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Un error de redacción podría hacer que el gobierno controle a los medios públicos

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En las últimas semanas la Cámara de Diputados ha sido la punta de lanza de las propuestas que el nuevo Gobierno desea consolidar, desde reformas hasta la creación de nuevas secretarías, esta vez los críticos más airados a Morena y López Obrador se enfocan en la relación con los medios de comunicación públicos con el nuevo Gobierno, las críticas y señalamientos llegaron por las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, se preveé que sea la Secretaría de Gobernación (Segob), la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional. Esto quiere decir que la Segob tomaría el control de medios públicos tanto de radio como televisión, por ejemplo, Canal 11, Canal 22, TV UNAM, por mencionar algunos.

“A la Secretaría de Gobernación corresponde (…) proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. Esta fue la frase que quedó aprobada en el artículo 27 fracción octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) —que cada nuevo gobierno ajusta para establecer cómo se va a organizar—, a pesar de que no estaba en la iniciativa original.

En el artículo 27, referente a Segob, sólo se mencionaba con relación a los medios las facultades de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión, y orientar los programas de comunicación social. Nada sobre “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”, una frase que quedó en la redacción final del dictamen presentado ante el pleno.

Un retroceso, dicen los especialistas

Irene Levy, presidenta de Observatel, acusó un intento de que la nueva Administración Federal controle los medios públicos, y aunque dijo que actualmente son parte del Estado Mexicano, otorgarle dichas facultades a la Segob sería un retroceso y darle al Gobierno el control.

«Es la intención de controlar y oficializar medios públicos. Si el Senado aprueba dichas modificaciones están dando todo el control y con ello tener medios oficialistas y alejarnos brutalmente de la democracia.
«Los medios públicos deben estar alejados del Gobierno y esa iniciativa de reforma a la ley en lugar de alejarlos los acerca, eso es preocupante e inconstitucional», advirtió la titular de Observatel.

Para Ricardo Raphael, académico del CIDE y colaborador de Canal Once, hay un error en la redacción y antes de pensar que hay una intención perversa del gobierno, pide que se corrija en el Senado, que recibirá la iniciativa esta semana.

“Si el argumento de la redacción fuera que la Secretaría de Gobernación debe asegurar la provisión, yo estaría muy conforme con la redacción, y ojalá la Cámara de Senadores agregue ese verbo. Pero si queda como está, que es ‘proveer el servicio’, pues sí estaríamos en una muy mala redacción jurídica que chocaría con otras leyes, porque pues la UNAM provee el servicio de televisión pública de TV UNAM, y el Poli (Instituto Politécnico Nacional) provee el servicio de televisión pública del Once, y el Canal 22 es una empresa prácticamente paraestatal”, concluyó.

Especialistas también señalan que con la reforma en Telecomunicaciones de 2013 ya se había cuestionado mucho que todavía se le dejaran facultades sobre los medios a Segob, en lugar de que todo pasara a manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Aun así, se creó el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) para coordinar a los medios públicos, que en términos de diseño institucional, aunque no es un organismo autónomo, tampoco está sectorizado, es decir, no depende de ninguna secretaría, lo cual implicaba cierta independencia.

Dispuestos a corregir

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, cree que las críticas a lo aprobado obedecen a que “le andan buscando chichis a las hormigas” y en realidad la nueva redacción deja todo como estaba, sin dar al gobierno mayor poder sobre los medios, además dijo que si los Diputados cometieron un error de redacción, el Senado puede enmendar la plana.

La iniciativa ya fue turnada a la Cámara de Senadores, que este miércoles 21 de noviembre empezará a revisarla en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, donde cabe la posibilidad que la redacción de la ley sea modificada.