Peña Nieto pudo usar consultas ciudadanas y así evitar cientos de conflictos

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A los mexicanos aún les resulta sospechoso el uso de referéndums. Acostumbrados solamente a votar en las elecciones del INE o en recuentos como militancia dentro de partidos políticos, la estructura de las consultas ciudadanas no es una costumbre en México. Mucho de esto se debe a que los gobiernos panistas y del PRI se negaron totalmente a solicitar opiniones ciudadanas para decidir sobre temas federales.

Como parte de sus propuestas de campaña, López Obrador empezó a introducir el tema de los referéndums. Una vez que se hizo con la presidencia del país, el tabasqueño aseguró que el suyo sería un gobierno en constante diálogo con los mexicanos. Además, destacó que las consultas populares en el gobierno peñista hubieran solucionado varios conflictos sociales.

En un conteo de las propuestas más polémicas de Enrique Peña podemos ver que al menos 77 conflictos pudieron evitarse si se hubiera usado el referéndum. La mayoría de las posibilidades estaban enfocadas en obras polémicas de carácter federal, en donde ciertas construcciones afectaban directamente a ciertos sectores mexicanos, en especial a comunidades indígenas. Uno de los más polémicos fue el polémico y dañino aeropuerto en la ciudad de Creel, Chihuahua. En este, se afectaban territorios rarámuris, por lo que la presión legal tumbó el proyecto federal.

El recuento que ofrece la revista Proceso deja ver cómo el gobierno peñista ignoró completamente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en donde se obliga al gobierno mexicano a consultar primero a comunidades determinadas antes de iniciar con la construcción de una obra magna de carácter federal. A pesar de que este convenio al que México está adherido obliga al gobierno a crear consultas populares, los intereses empresariales y de gobierno ignoraron por completo la opinión de sus pueblos indígenas.

Una simple consulta ciudadana podía haber evitado conflictos entre comunidades locales y elementos de la policía federal que impusieron a la fuerza la creación de varias obras federales de amplios interés para el empresariado mexicano. Lo cierto es que en la constitución se formulan toda una serie de trabas para que las consultas populares no avancen y se conviertan en una tendencia. Esta es la principal crítica de López Obrador al gobierno peñista, la falta de apertura para dialogar con el pueblo.

Además del aeropuerto chihuahuense que fue frenado por momentos desde lo legal, se han acumulado más de veinte proyectos mineros que se impusieron sin consulta en territorio de alto valor para comunidades indígenas. Además, Peña Nieto acumuló más conflictos sociales derivados de al menos 13 proyectos eólicos que afectaron intereses de ciertos grupos sociales. El interés voraz del gobierno peñista por generar contratos con empresas para construcción también generó problemas al imponer obras relacionadas con la industria petrolera, con al menos nueve conflictos relacionados con gasoductos.

El abanico de conflictos sociales se expande durante el peñismo cuando se revisa a los empresarios beneficiados con estas obras. Uno de los más cercanos a Peña Nieto es el empresario Carlos Hank Rohn, un hombre económicamente poderoso detrás del nuevo aeropuerto capitalino y el tren México-Toluca. Otro más es Miguel Alemán, de grupo ICA; Armando Hinojosa Cantú, de grupo Higa, entre otros.

Lo cierto es que la aplicación de consultas populares hubiera evitado graves conflictos sociales en el sexenio de Enrique Peña, que está a menos de treinta días de abandonar la silla presidencial. Su partido, ya disminuido después de una derrota electoral enorme, aún propone límites para la aplicación de consultas populares en México. Los priistas se unen para solicitar que ninguna obra federal contundente pueda ser sometida a consulta popular, algo que contrasta con la línea de acción del próximo gobierno obradorista, enfocado en quitar candados y hacer de los referéndums una constante en el sexenio que viene.