¿Olga Sánchez está promoviendo una reforma que le favorece?

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Quien fuera senadora y ahora virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo adiós al Senado con una controversial iniciativa de reforma constitucional para adicionar la fracción XXIX-Bis al artículo 73 a efecto de otorgarle atribuciones al Congreso de la Unión para ayudar a “fortalecer las facultades de las legislaturas locales en materia notarial” a través de “unificar los procedimientos y métodos a nivel nacional”.

La reforma indica que el Congreso de la Unión estará facultado a expedir leyes generales que establezcan los principios y bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento en las entidades federativas de la función notarial.

La próxima secretaria de Gobernación subrayó en la iniciativa que se busca la profesionalización de los fedatarios públicos mediante una selección rigurosa y transparente, en donde las capacidades y aptitudes sean los atributos que conformen al notariado mexicano.

Dada su importancia social y jurídica, el notariado mexicano debe contar con adecuadas condiciones para su correcto ejercicio, imparcial, calificado, colegiado, autónomo, independiente y libre, garantizando la certidumbre jurídica en la solemnidad de los instrumentos notariales en beneficio de la sociedad mexicana, señaló.

Las modificaciones

Las modificaciones legales, detalló, permitirán definir el número y ubicación de las notarías con base en criterios estrictamente técnicos, precisando que únicamente habrá notarios titulares, terminando con la regulación de diversos tipos como son los adscritos, interinos, provisionales, suplentes, supernumerarios y cualquier otra denominación que las leyes locales contemplen.

Aseguró que también se pretende unificar los procedimientos y métodos a nivel nacional para el acceso a la función notarial, teniendo como criterio principal para la selección la preparación, experiencia y honorabilidad de los sustentantes.

Asimismo, estableciendo como medio único de ingreso el examen público de oposición con la intervención de los gobiernos locales, de los colegios notariales de cada entidad y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, fijando el número de sinodales y el procedimiento para la designación de cada uno de ellos.

La virtual secretaría de Gobierno dejó en claro que esta iniciativa no pretende sustituir ni absorber las facultades que el notariado tiene en las entidades federativas, la redacción planteada permite la expedición de un sustento jurídico que establezca las bases generales bajo las cuales los estados regularán de manera homologada específicos temas de actividad y al medio de acceso a la tarea notarial.

La oposición señala nepotismo

Voces contrarías a lo propuesto por Sánchez Cordero señalaron que no es posible fortalecer las facultades de las legislaturas capturándolas, convirtiéndolas en rehenes de la Federación. Es una aberración jurídica y un atentado a la lógica.

Los críticos señalaron que la ahora exsenadora presentó la iniciativa viendo a la función notarial como negocio familiar, creando un conflicto de interés, lo que limita los alcances de sus propuestas en razón y medida de sus intereses económicos familiares.

La inclusión de una normativa federal que “unifique” el acceso y la función notarial pueden ser interpretadas con toda razón como una injerencia federal del gobierno electo en las soberanías locales, además, la iniciativa de Sánchez Cordero se queda en cuestiones cosméticas, formalistas, pero no retoma las importantes experiencias en el sistema latino notarial vistas a la luz del interés de la inmensa mayoría de la población, señalaron los críticos.

A pesar de los señalamientos, la propuesta se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Hacienda.