Morena se propone terminar con las partidas secretas

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El diputado federal Pablo Gómez Álvarez propuso reformar el Artículo 74 de la Constitución Política Mexicana para terminar con las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con leyes o decretos de esa misma naturaleza.

Según Gómez Álvarez, los presidentes que ejercieron la partida secreta cometieron una infracción de carácter político y muy posiblemente un delito federal, al erogar dinero del erario a este fin.

“Para dejar atrás la posibilidad constitucional de que haya partidas secretas, así como contribuir a que se mantenga en la memoria política del país la existencia durante muchos años de esa clase de gastos, propios de la corrupción como elemento del sistema político, es preciso reformar el párrafo cuarto de la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución”, explicó el legislador.

En este sentido, Gómez indicó que los presidentes que ejercieron la partida secreta, al no justificar los gastos realizados, cometieron una infracción de carácter político que no está prevista en la Carta Magna.

La polémica de las partidas secretas

Es preciso indicar que actualmente, el presupuesto señala que no existen partidas de este tipo; aunque lo relevante según el morenista, es que no existe una disminución notoria en el volumen del gasto discrecional del gobierno federal.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Proceso el 2 de junio de 2001, en este punto es donde radica la polémica de las partidas secretas, ya que los recursos públicos no pueden disponerse para intereses personales de los gobernantes.

“Los recursos, aun los de la partida secreta son para sufragar gastos del Estado, no puede ser que una partida secreta se quede en la bolsa del Presidente, ése es un robo de igual forma”, mencionó el citado medio.

Como resultado, la controversia sobre este dinero se debe a intereses políticos, puesto que su importancia es sólo simbólica; sin embargo, la creencia de que este presupuesto es millonario, mitifica el destino de ese dinero, lo cual genera un debate más allá de lo presupuestal.

Terminar con las partidas secretas

De acuerdo con otro artículo de la revista Nexos publicado en noviembre de 1997, durante 1995, en pleno sexenio de Ernesto Zedillo, la asignación a la partida secreta fue de 15 mil 209 millones de pesos, de los cuales sólo 28% fue ejercido por el propio ramo, es decir, 4 mil 325 millones de pesos, siendo que el 70% restante se transfirió a otras dependencias administrativas.

Debido a esto y al arribo de la izquierda al Congreso, en 1997, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) logró la cancelación de las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de 1998, aprobado en Diciembre de 1997, relató Gómez como el primer intento para eliminar este gasto.

Tomando en cuenta lo anterior, el legislador expuso que dicha medida perdió caducidad, pues fue creada el 14 de enero de 1917, cuando el Congreso Constituyente aprobó sin discusión y por unanimidad la creación de esta partida secreta.

Gómez Álvarez precisó que, a partir del sexenio de Miguel Alemán, existió todo un ramo de erogaciones adicionales, el cual alcanzó 6.5% del gasto total hacia 1952; en 1958, con Adolfo Ruiz Cortines ese porcentaje se ubicó en 12.5%; y con Luis Echeverría subió hasta 24.36% del total del gasto.

“Empero, con José López Portillo en 1982, en plena crisis, dentro de las erogaciones extraordinarias, los gastos contingentes eran ejercidos directamente por el Presidente de la República. La partida secreta llegó ese año a 56 millones de dólares”, agregó el legislador.

Sin embargo, datos publicados en la revista Proceso detallan que el sexenio más complicado para este tipo de gastos fue el de Carlos Salinas de Gortari, donde el gasto alcanzó cifras millonarias.

Vale recalcar que a inicios del año 2000 surgió un escándalo, cuando se revelaron dos grabaciones que acusaban severamente las acciones el ex presidente Carlos Salinas.

La primera hacía alusión a Luis Téllez, funcionario del gobierno de Salinas y la segunda fue una conversación entre Adriana y Raúl Salinas, hermanos del ex presidente, donde se revelaba que Carlos Salinas había utilizado la mitad de esa partida secreta en provecho propio, para incorporarla a su patrimonio personal.

El 10 de octubre del 2000, debido a una presunta filtración, Televisa divulgó dicha conversación telefónica privada entre los citados personajes, donde se afirmaba que algunos de los fondos que fueron depositados por Salinas en el extranjero, provenían del erario.

El mal uso de las partidas secretas

De acuerdo con Proceso, durante las siguientes administraciones, las denuncias por el mal uso de la partida secreta continuaron, incluso el PRD denunció al ex presidente Vicente Fox por desvío de recursos de la partida secreta para respaldar la campaña de Calderón en 2006.

Tiempo después, se dio a conocer que el monto total destinado a la partida secreta durante el sexenio de Felipe Calderón fue de aproximadamente 12 mil millones de pesos, parte de ese dinero se utilizó para financiar gastos confidenciales y reservados al combate al crimen organizado, de acuerdo con información oficial.

En 2011, el diputado por el Partido del Trabajo (PT) Jaime Fernando Cárdenas Gracia, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión dio a conocer algunas de las cifras “oficiales” que Calderón destinó a la partida secreta:

Gobernación: 642 millones 280 mil pesos

Defensa Nacional: 57 millones 608 mil pesos

Marina: 29 millones 505 mil pesos

Presidencia de la República: 11 millones 941 mil pesos

CISEN: 563 millones 984 mil pesos

SAT: 30 millones 819 mil pesos

SSP: 5 mil 859 millones de pesos

Policía Federal: 4 mil 294 millones 173 mil pesos

Instituto Nacional de Migración: 119 millones 948 mil pesos

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Foto: Gaceta.diputados.gob

Tomando en consideración los montos antes mencionados, Cárdenas realizó un segundo intento para reformar al Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos y prohibir las partidas secretas, el cual no prosperó.

Cabe destacar que, en los últimos cinco años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó dos auditorías a la Procuraduría General de la República (cuentas públicas 2008 y 2006), una al CISEN (cuenta pública 2007), una a la Policía Federal (cuenta pública 2006) y otra al Instituto Nacional de Migración (cuenta pública 2005), respecto a partidas secretas.