Los jueces de la CDMX tendrán que publicar todas sus sentencias

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El Poder Judicial sigue manteniendo privilegios a nivel Federal y Estatal en todo el país, ya sea nóminas hinchadas de familiares, prestaciones laborales, amiguismo y pocos controles para evaluar el desempeño de los jueces; esto ha llevado a tener nulos registros sobre el avance de las nuevas leyes a partir de las sentencias de los jueces.

El pasado 1 de noviembre, el Congreso de Ciudad de México (CDMX) reformó diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas para obligar al Poder Judicial local a publicar todas sus sentencias.

En la Gaceta Oficial se publicó la reforma al artículo 126 párrafo XV para asentar la obligación de poner a disposición de la sociedad las versiones públicas de todas las sentencias. Se eliminó la restricción sobre que sean solo las de interés público, que había sido aprobada en 2015.

https://twitter.com/EquisJusticia/status/1060596478471626752

La situación en el país

En 2015, en una polémica decisión, el Congreso aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le quitó a los jueces la obligación de difundir sus sentencias. La nueva ley marcaba que ahora la sociedad tendría acceso a conocer sólo aquellas que fueran de interés público, sin precisar qué era el “interés público”.

Antes del año 2015, según informan organizaciones civiles, ninguno de los 32 poderes judiciales del país cumplía con la obligación de transparentar sentencias de acuerdo con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, completitud y oportunidad, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo.

Esto sucedía porque tanto la Ley Federal, como la Ley Estatal no se encontraban homologadas, por lo que cada uno de los poderes judiciales estatales podía actuar como mejor considerara, sin embargo, después del 2015, para homologarse con la Ley General de Transparencia, diez legislaciones estatales redujeron el estándar en cuanto a la obligación de publicar sentencias: las de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

El caso de la CDMX

La asamblea de la CDMX tuvo que buscar darle la vuelta a la obligación de homologarse con la Ley General de Transparencia y apelar al principio pro persona, para poder cambiar el acceso a la información.

Fue la sociedad civil la que impulsó el cambio. El 22 de octubre pasado, el colectivo Lo Justo es que Sepas presentó una propuesta de reforma a la Ley de Transparencia. En esta se argumentaba que el acceso a la información es un derecho humano reconocido y regulado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También se planteó que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se establece, específicamente, el crear instituciones eficaces y transparentes a todos los niveles; y que, respecto a la impartición de justicia, la transparencia y el acceso a la información son particularmente importantes pues permiten a la ciudadanía una mejor comprensión del sistema de justicia.

Algunas de las razones más importantes de que las sentencias sean públicas, de acuerdo a los expertos, son las siguientes:

1.- Si las sentencias no se hacen públicas, no se conocen las prácticas discriminatorias y llenas de estereotipos de algunos de los jueces, que afectan sobre todo a las mujeres.

2.- No hay control sobre el trabajo de los jueces, ni sobre la opacidad de sus sentencias.

3.- Se ha invertido mucho dinero en implementar unidades de género y en capacitación judicial con perspectiva de género dentro de los tribunales locales y federales, pero no hay registros para comprobar que se lleven a cabo.

4.- Si se conocen las sentencias se pueden consolidar un estándar de buenas prácticas.
Lo anterior consolida políticas públicas con un estándar más amplio en cuanto a la protección al derecho humano al acceso a la información.

https://twitter.com/RuidoEnLaRed/status/983868566129774592


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