Las mineras deben hacer consultas obligatorias a pueblos indígenas, propone Morena

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Las reformas de Morena no paran, esta vez, el escenario fue la Cámara de Senadores, el objetivo: reformar la Ley Minera para regular su actividad incluyendo consultas obligatorias a pueblos indígenas que se vean afectados por las actividades de las empresas mineras, además de configurar un marco legal que permita la cancelación de las concesiones a quienes incumplan con las nuevas normas.

De aprobarse las iniciativas propuestas por la senadora Angélica García Arrieta, el Servicio Geológico Mexicano podrá realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y asignación mineras, y, por otro lado, la Secretaría de Economía (SE) declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, en cuyo caso procedería la cancelación de concesiones y asignaciones.

El tema ecológico, fundamental

Los cambios buscan garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.

De acuerdo con el informe 2017 de la Cámara Minera de México (Camimex), el año pasado la inversión nacional en la industria minero-metalúrgica en México revirtió su caída, al registrar un monto por 4 mil 302 millones de dólares, superior a los 3 mil 752 millones de dólares del 2016.

Es por ello que las reformas contemplan obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación, así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y -en caso de no hacerlo- se cancelaría la concesión por incumplimiento.

Vacíos en la Ley vigente

México firmó hace casi 30 años un convenio de la Organización Internacional del Trabajo en el que se comprometió a consultar a los pueblos originarios sobre el desarrollo de proyectos que pudieran afectar sus intereses.

Sin embargo, la ley minera vigente no considera la necesidad de realizar estudios al respecto ni la consulta de las comunidades y los pueblos afectados por las minas.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería tiene registrados más de 15 mil conflictos sociales en el país relacionados con esta industria, según la iniciativa, la cual fue turnada a comisiones del Senado para su discusión.

Es por ello que los reiterados e impunes casos de violaciones a la ley y a los derechos humanos por compañías mineras y el encubrimiento que los tres poderes de la Federación les prodigan ha obligado a la sociedad organizada de diversas regiones a fortalecer sus estrategias de autonomía para impulsar, desde plataformas comunitarias, la autodefensa de territorios y recursos frente a los autoproclamados proyectos de desarrollo”, dijo la senadora.

Actualmente, la exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias en los términos de la ley minera ya se encuentran sujetos a una evaluación de impacto ambiental y se requiere de una autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para llevarla a cabo, pero existe una omisión respecto al impacto social en la actividad minera.