La PGR clasifica el caso Odebrecht justo cuando el PRI abandona el poder

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La intención es clara: no se podrá avanzar en el caso Odebrecht, declara la PGR. Esta última sentencia la emite justo a una semana de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde se involucró directamente a su amigo y coordinador de campaña, Emilio Lozoya. Para la procuraduría mexicana poco importó que el instituto nacional de acceso a la información (INAI) le ordenara que presentara información clave sobre el caso.

Los sobornos de la empresa brasileña en México han dañado la imagen del país, del PRI y del presidente Enrique Peña. Aún con esto, la procuraduría general que debería trabajar de forma independiente continúa evitando avanzar en el caso en un claro apoyo a los intereses presidenciales. A una semana de que concluya el sexenio del PRI, la PGR ya clasificó los archivos de Odebrecht en México hasta el 2023. Para justificar este blindaje, se han emitido siete excusas.

El medio Animal Político ha señalado que después de solicitar un porqué a la procuraduría se les respondió con siete motivos. En estos se explican las razones por las que será imposible transparentar información relacionada con los nombres y datos recabados del tema Odebrecht en México. El principal, aseguran, es que se podría “dañar el buen nombre” de los involucrados en el tema. Recordemos que el fiscal electoral, Santiago Nieto, fue despedido después de revelar que todo apuntaba a Emilio Lozoya, quien respondió colérico cuando se hizo público su nombre mezclado en el caso.

La PGR afirma que al tratarse de un caso reservado y abierto, es imposible revelar información que comprometa el avance de la investigación. Para excusarse por este motivo, la procuraduría se ampara en artículos del código nacional de procedimientos penales y la ley federal de transparencia. Además, afirman que se interpuso un amparo en contra de las exigencias del INAI, por lo tanto no darán información hasta que este tema se resuelva. La reacción, queda claro, es que ni las instituciones nacionales de transparencia pueden obligarlos a revelar datos.

Con esto, la credibilidad de la PGR disminuye en un sexenio plagado de excusas y carpetazos. El tema de Odebrecht en México es uno de los más bloqueados por la fiscalía mexicana, ya que en prácticamente toda latinoamérica se han generado avances, arrestos, condenas y capturas relacionadas con los sobornos de la empresa brasileña. Incluso en Venezuela se muestra más apertura a investigar el tema que en México, en donde nadie ha sido arrestado por sobornos millonarios. La fiscalía brasileña ya declaró que es la PGR la que está evadiendo el tema cuando le solicitan información clave.

Otra de las excusas de la PGR es que el tema de Odebrecht no es de “interés público”. Para la procuraduría, los interesados en conocer datos claves de la investigación son apenas particulares o ciertos sectores de la población, por lo tanto no ven la necesidad de revelar información precisa sobre un tema en el cual no han avanzado demasiado. Esto último queda claro con la otra razón por la cual clasificaron la información. Para la PGR este tema no tiene nada qué ver con la corrupción en México, por lo tanto no consideran que los mexicanos necesiten información al respecto.

A una semana de que termine el gobierno de Enrique Peña Nieto, la PGR insiste en que revelar datos de estos sobornos sería prácticamente cometer un delito. Asegurando entonces que el interés de la sociedad civil, organizaciones y el INAI por conocer más es parte de un proyecto para alterar la línea de investigación. Para esto, se amparan en el código penal federal  que dice “el entregar documentos contenidos en un expediente de investigación a quien de acuerdo con la normativa penal no tenga derecho, es proporcionar a cometer un delito en contra de la administración de justicia, al cual corresponde pena privativa de libertad hasta por diez años”.

Después de crear toda una versión oficial sobre lo que pasó en Ayotzinapa en 2014, después de crear un caso fracturado en contra de Javier Duarte, después de dar carpetazo a varios casos de agresión y asesinato a periodistas, la PGR considera que el tema Odebrecht aún no tiene nada qué ver con la corrupción, no es importante para la ciudadanía mexicana y que es mejor proteger la imagen de los involucrados que generar las órdenes de captura necesarias.