Auditoría Superior revela cómo los bancos “exprimen” a los mexicanos

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en un análisis reciente, la estrategia que tienen los bancos mexicanos para exprimir a sus usuarios, mediante el alto costo de las comisiones.

La investigación dada a conocer por la Revista Proceso de esta semana indica con sumo detalle, los personajes que se encuentran inmersos en este doloroso proceso del cobro de comisiones para los usuarios.

Los apellidos de los bancos

De acuerdo con la publicación, apellidos como: Slim, Azcárraga, Baillères, Larrea, Garza Sada, Aramburuzabala, Beckmann, Quintana, Servitje, Hank, Ramírez Magaña y Chedraui, forman parte del llamado G-7, las siete instituciones crediticias que controlan la banca múltiple nacional.

La llamada de atención hacia estas familias surgió luego de que, en recientes días, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, anunció un plan para reducir el costo de comisiones bancarias, una de las entradas principales de dinero para estos negocios en México.

Fue entonces cuando la cúpula empresarial se mostró alarmada por la propuesta de los legisladores de Morena de acotar los cobros de comisiones y otros servicios bancarios, pues dicha recaudación fue equivalente al 2.4% del Producto Interno Bruto en 2017.

Según lo publicado por la revista, tan sólo en ese año, los bancos obtuvieron ingresos netos por 526 mil 246 millones de pesos, cifra 7.6% superior a la de 2016, mediante el cobro de comisiones y tasas de interés a usuarios y empresas nacionales

Dicho monto, hizo que la banca nacional tuviera ganancias netas por 437 mil millones de pesos por el cobro de tasas de interés, así como 88 mil 440 millones por las comisiones, luego de cubrir sus gastos operativos.

Vale mencionar que estas cifras, fueron producto de un análisis detallado sobre las tasas de interés y las comisiones que cobra la banca múltiple publicado por la ASF en junio pasado.

Cuánto dinero ganaron los bancos

Esta investigación dio como resultado, que entre 2012 y 2017, los bancos mexicanos obtuvieron ingresos netos por el cobro de comisiones por 2 billones 449 mil millones de pesos.

Es preciso mencionar que, a inicios de 2017, la ASF ya había marcado pauta en relación al cobro de comisiones bancarias en nuestro país, poniendo especial énfasis en los malos registros en el otorgamiento de crédito de parte de Bansefi.

En marzo de ese mismo año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial destacaron en su Evaluación al sector financiero de México, que la banca múltiple mexicana opera bajo “una competencia monopolística”.

Lo anterior, debido a que los consejos de administración del denominado G7, está integrado por 16 miembros de las 35 familias más adineradas del país, 24 de los cuales pertenecen al Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quienes amasaron fortunas considerables durante la privatización a la banca nacional.

Cabe señalar que el citado medio, destacó el caso de la futura titular de la Secretaría de Gobernación, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, quien llegó a estar en el Consejo de Administración de Banorte junto con su esposo Eduardo García Villegas, notario en las Lomas de Chapultepec.

Proceso indicó que en este grupo conformado por 124 consejeros, ya sean titulares o suplentes, accionistas o independientes, son frecuentes los vínculos familiares, sin importar el banco, y al menos 98 de ellos figuran en los consejos de grandes grupos fundados por otros integrantes de las instituciones crediticias.

De tal forma que, por ejemplo, cuatro integrantes de la familia Azcárraga destacan como consejeros en cuatro bancos y por lo menos cinco tuvieron participación en Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y la embotelladora de Coca Cola.

Finalmente, es importante destacar que la banca múltiple en México está conformada por 48 instituciones crediticias, pero sólo el llamado G7, concentra ocho de cada 10 activos y nueve de cada 10 tarjetas de crédito, según reveló la ASF.

Lee un fragmento del reportaje original publicado en la edición 2194 de la revista Proceso