Piden prisión preventiva para espías telefónicos en México

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Nadie se esperaba una investigación contundente en donde quedó claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto había comprado software espía especializado que terminó husmeando en los teléfonos de periodistas independientes, activistas sociales y rivales políticos. La trama fue totalmente criticada por la sociedad mexicana, después de que la excusa por la compra del software fuera “espiar a narcotraficantes”.

Aún con la información clave sobre el espionaje del gobierno peñista, no ha habido ni un solo detenido ni información precisa sobre cómo se usó el software espía Pegasus en México. Hay órdenes de compra y todo. Lo que pasa es que en México el espionaje no se considera un delito grave, por lo tanto no hay personas en prisión por haber acumulado información de forma ilegal sobre personas. Muchos de estos espionajes pudieron terminar en secuestros, torturas o asesinatos.

Para darle un castigo ejemplar al espionaje en México, ya se solicita agravar el delito y hacer que se envíen a prisión preventiva a los responsables de este acto. En estos años es bastante común que una persona sospeche que lo están espiando a través de su smartphone. Los permisos que el usuario concede a ciertas aplicaciones cuando las instala pone en riesgo la protección de sus datos privados. Justo así operaba Pegasus, el software espía comprado por el gobierno peñista.

Activistas y periodistas denunciaron que les llegaba un mensaje SMS en donde había una dirección web desconocida. Al acceder a esta, no se habría ninguna pestaña en particular en el navegador, pero sí se instalaba el software espía que terminaba accediendo a la información interna del teléfono, es decir, mensajes, fotografías, ubicación, textos, contraseñas y más. En un país que registra asesinatos constantes a periodistas y activistas sociales, no hubo castigos ejemplares por el uso de este software.

El promotor de esta petición es el pesista Fernando Manzanilla, quien afirma que en las prisiones mexicanas hay bastantes inocentes pero ni una sola persona que haya cometido espionaje. A diferencia de otros países, en México no solamente no se castiga este ilícito, incluso no se comprende realmente qué agravios puede tener a la vida privada de las personas que son espiadas. Esto queda bastante claro en la constitución nacional, en donde el espionaje es considerado un delito menor.

La idea es reformar el artículo 19 de la constitución, en donde se pretende dar prisión preventiva a los espías de comunicaciones privadas en el país. Lo cierto es que no se habla mucho del tema y no se tiene una cifra real de cuántos equipos de espionaje operan en México. Esto es una muestra clara de la falta de capacidad e interés del gobierno para atender el tema. Además, si se sabe que el gobierno de Peña Nieto compró software para espiar, resulta lógico entender por qué no tocaron el tema desde el ámbito legal.

La ley es tan permisiva que se puede espiar comunicaciones o smartphones de terceros sin que haya un castigo real en contra de los espías. Recordemos que la PGR prometió investigar a fondo el tema de la compra del software Pegasus en México, pero dentro de los acusados del mal uso de este equipo sofisticado de espionaje están elementos de la propia procuraduría general. Esto puede explicar por qué no hay avances en el tema y la falta de detenidos después de un grave daño a los derechos humanos.

A varios políticos se les han filtrado conversaciones telefónicas completas ante los medios de comunicación. Recordemos que esto le pasó hace tiempo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en donde se intervino su teléfono y se mostró públicamente una conversación en donde se burlaba de cierto grupo indígena mexicano. Lo mismo ha pasado con otros funcionarios de gobierno. La intención es castigar estas filtraciones y espionajes para garantizar el respeto a la comunicación de los mexicanos.