La SFP ya investiga la fortuna de Rosario Robles y Emilio Lozoya | BREAKING

La SFP ya investiga la fortuna de Rosario Robles y Emilio Lozoya

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En el marco de la comparecencia de Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ante las comisiones de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del VI Informe de Gobierno; Gómez afirmó que tiene indicios para investigar a Rosario Robles y a Emilio Lozoya.

Por ello, se verificará el patrimonio de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Robles y Lozoya, dos grandes implicados

En este sentido, Gómez enfatizó que puede garantizar que la SFP, irá al fondo de todos los asuntos, sin importar cargos; por lo que ya realiza una profundo análisis de evolución patrimonial de estos servidores públicos.

Cabe mencionar que Emilio Lozoya, está presuntamente vinculado con sobornos de Odebrecht, mientras que Robles se encuentra en el ojo del huracán por sus manejos durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Ante este panorama, Arely Gómez precisó que las verificaciones se encuentran en etapa de aclaraciones, por lo que por el momento, no puede brindar más detalles a la prensa sobre la investigación.

También, indicó que en el proceso se está respetando plenamente el derecho de defensa de los presuntos implicados; aunque reiteró que la investigación se encuentra blindada.

Es importante precisar que estas declaraciones ocurren casi una semana después, de que Gómez descartó que las indagatorias sobre la llamada Estafa Maestra por desvíos en Sedatu o Sedesol a través de contratos directos a universidades públicas, puedan alcanzar a Robles Berlanga.

Investigación exhaustiva

Asimismo, calificó a las investigaciones como exhaustivas, en el marco de su competencia, en lo que respecta a los casos del socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, de los contratos con Odebrecht y de la llamada Estafa Maestra.

En estos y otros casos, se realizaron las investigaciones conducentes de manera exhaustiva conforme a las facultades de la SFP, y se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo”, explicó Gómez.

Cuestionada por diputados de Morena, PAN, PES, y PVEM, sobre el por qué aún no hay funcionarios públicos sancionados penalmente por el caso Odebrecht, la secretaria respondió que la SFP no tiene facultades para investigar el cohecho.

En este sentido, Arely Gómez destacó que la SFP no ha investigado porque al momento de los hechos, la conducta de cohecho no estaba prevista en la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Nosotros investigamos lo que la ley nos permitía: adjudicación y ejecución de los contratos”, sostuvo la servidora pública, por encontrarse dentro de sus competencias, por lo que la dependencia no ha sido omisa en este caso.

Gómez acotó que la SFP agotó todas sus líneas de investigación y como resultado de ello inhabilitó a la empresa Odebrecht y una de sus filiales, siendo México el primer país que tomó esta medida y con las sanciones económicas más altas.

Sanciones consistentes

La funcionaria destacó que hasta el momento todavía existen 10 procedimientos administrativos de responsabilidades que se han resuelto con sanciones, de los cuales ocho son consistentes en inhabilitaciones y multas económicas.

De esos ocho procedimientos, tres fueron para la constructora Norberto Odebrecht con una multa económica por 543.48 millones de pesos e inhabilitación y otra para Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional con una sanción similar.

Le siguen dos sanciones más para los representantes legales de Odebrecht con multa económica e inhabilitación, y otras dos contra un servidor público de Pemex con sanción económica e inhabilitación por 10 años.

Gómez indicó que su dependencia sentó las bases para un proceso de entrega recepción y rendición de cuentas, metódico, organizado y sin precedentes, con un solo objetivo: dejar la casa en orden.

Asimismo, destacó que su dependencia realiza las acciones pertinentes para asegurar que la transición del Poder Ejecutivo Federal se realice de manera transparente, homogénea y oportuna.