La PGR no permitió que avanzáramos en el caso Odebrecht: Fepade
Es hasta el final del peñismo cuando llegan las acusaciones directas. En el caso de la fiscalía de delitos electorales (Fepade), se sabe que no logró detenciones claves ni avanzó en carpetas de investigación importantes gracias a las trabas que les generó la PGR. Esto lo comentó públicamente el fiscal electoral, Héctor Díaz-Santana, asegurando que la procuraduría limitó sus acciones en el avance de casos importantes como Odebrecht.
A pocos días de dejar el cargo, Díaz-Santana se ha atrevido a comentar el poder que la PGR tenía en las labores de la Fepade. Para el fiscal electoral, el sistema está diseñado para que todo el marco legal de su fiscalía este atado a la aprobación de la PGR. Incluso su presupuesto lo dictan ellos, por lo que no se pudo avanzar en temas delicados para la presidencia de Enrique Peña, como los sobornos que recibió su coordinador de campaña, Emilio Lozoya, por parte de la empresa carioca.
Existieron solicitudes de la Fepade para ir hasta Brasil a recabar información que pudiera dar con los responsables mexicanos del caso Odebrecht. Hasta el momento, la PGR continúa retrasando o negando las solicitudes de ayuda internacional. Recordemos que hace poco el gobierno brasileño reclamó que en México no se están entregando información para avanzar en el tema de los sobornos de la empresa brasileña. La culpa apunta a la misma institución: la PGR.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la procuraduría general ha funcionado más como un apéndice de los intereses del mexiquense que como una institución independiente. La capacidad de operar según los intereses del presidente priista quedó clara cuando el extitular de la Fepade, Santiago Nieto, fue despedido cuando más avanzaba en el tema Lozoya-Odebrecht. Esa presión por parte del gobierno para dar carpetazo al tema continuó con la dirección de Díaz-Santana.
El actual fiscal electoral no se ha quedado quieto y tiene todavía hasta el último día de noviembre para generar acciones que den con los responsables de la corrupción entre Odebrecht y el gobierno mexicano. Recordemos que todos los países en donde sobornó la empresa brasileña han enviado a prisión a los responsables, excepto México y Venezuela. Para lograr más independencia en la Fepade, Díaz-Santana ya preparaba una iniciativa para reformar la polémica ley general en materia de Delitos Electorales.
La observación electoral es fundamental para garantizar el buen desarrollo de las elecciones. Esta mañana reflexionamos sobre los aportes, los retos y la necesaria transformación de la observación electoral. #SeminarioInternacional pic.twitter.com/xCqix51xvl
— Héctor Díaz Santana (@hdiazs) October 8, 2018
La intención principal es que la Fepade opere de forma independiente y que sus acciones, presupuestos y avances no dependan de la PGR. Los problemas de la fiscalía electoral van más allá del marco legal, incluso varios de sus detectives, policías y peritos son prestados por agencias como la AIC (Agencia de Investigación Criminal), por lo que ante la más mínima incomodidad, les son retirados los elementos de trabajo y la investigación queda colgando.
Lo cierto es que México asegura contar con un fiscal general y un fiscal electoral para asegurar la democracia y rendición de cuentas en el país. Pero realmente la presidencia de Enrique Peña Nieto ha mantenido a estas instituciones sin titulares, con problemas de presupuesto y atadas a los intereses de su gobierno, como es el caso de la dependencia de la Fepade ante la PGR. Por lo tanto, Díaz-Santana aprovechará los últimos días que le quedan en la fiscalía electoral para dar más autonomía a la institución.
Entre las propuestas del fiscal electoral se encuentran temas interesantes, como el castigo a la entrega de firmas falsas por parte de candidatos electorales. Recordemos que Margarita Zavala y Jaime Rodríguez lograron candidaturas presidenciales independientes entregando una mayoría polémica de firmas falsas, como resultado solamente hubo pequeñas multas pero no castigos reales. Además, Díaz-Santana pretende elevar a delito la violencia política de género, algo que se vivió en las elecciones de Coyoacán, en contra de la morenista María Rojo.
Pero Díaz-Santana quiere realmente castigar los delitos electorales. Por lo que ha propuesto penas más severas por intimidación y agresiones a candidatos en campaña. El tema más profundo de su iniciativa está íntimamente ligado a las prácticas del PRI y el PRD en el país, la repartición de programas sociales con la intención de coaccionar el voto de los mexicanos más pobres.
