Peña Nieto y su gabinete buscan ampararse ante posibles órdenes de aprehensión

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El pasado 11 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional para ampararse ante la existencia de posibles órdenes de aprehensión.

Información publicada este miércoles por Reforma, señala que el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete buscan blindarse por las investigaciones que el Gobierno de Chihuahua pretenda emprender y que derive en posibles encarcelamientos, arraigos, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas contra cualquier funcionario federal.

Esto luego de que el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, declaró que la “justicia alcanzaría” al presidente Peña Nieto, a quien señaló de haber protegido a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general de PRI, quien había sido acusado por peculado de 250 millones de pesos, pero fue liberado el pasado 28 de septiembre, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) desestimó el cargo.

“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a Cesar Duarte, no se va a ir impune, no quedara impune…Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua.” Declaró Javier Corral.

Por ello, esta será la primera vez que el ejecutivo federal presente una acción legal para protegerse. Ya que, según el diario Reforma, dentro el recurso presentado por la presidencia, se nombra al gobernador Javier Corral, así como a la Fiscalía General de Justicia, y al Poder Judicial Local.

De proceder dicha controversia Constitucional ante la SCJN, tanto el presidente Enrique Peña Nieto, como todos quienes integran su gabinete, quedarían protegidos ante cualquier investigación o citatorio.

Alejandro Gutiérrez es señalado por el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos para las campañas electorales del PRI, siendo encarcelado en diciembre del 2017, y posteriormente liberado en septiembre pasado.

Mientras que el ex gobernador César Duarte es acusado de corrupción, y actualmente se encuentra en Estados unidos, prófugo de la justicia mexicana.

La Fiscalía de Chihuahua ha asegurado que durante la administración de Duarte se desviaron por lo menos mil 200 millones de pesos del erario, acumulando hasta ahora 15 solicitudes de extradición.

Con información de Reforma y Animal Político