La propaganda oficial es un gasto innecesario para Morena

- Por

Aludiendo que la nueva Ley General de Comunicación Social es una “tomada de pelo”, el diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Gómez afirmó que la propaganda es un gasto innecesario para su partido.

El servidor público presentó una propuesta propia de una ley integral para regular la propaganda con límites de gasto y equidad en contratos en todos los estados de la República Mexicana.

Gómez planteó que el gasto anual en propaganda no exceda el 0.3% del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, así como algunas reglas especiales en la materia.

Ley de Comunicación Social

Esto tiene como objetivo principal, evitar la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social el próximo 1 de enero de 2019.

Esta ley es una tomadura de pelo, porque tomó normas del presupuesto y de algunas otras cosas que están dispersas e hicieron una ley debido a que la Suprema Corte declaró que el Congreso estaba en omisión legislativa”, explicó Gómez.

El Congreso le tomó el pelo a la Corte, porque cumplió con el plazo para expedir la ley, pero le puso un transitorio que decía que esa ley entraría en vigor el primero de enero, o sea, que violó el plazo”, acusó Gómez.

Desde la perspectiva de Gómez, esta iniciativa también reforma al Artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que trata de evadir el uso de recursos públicos para la promoción personal y eliminar el incremento a partidas destinadas a la publicidad durante el ejercicio presupuestal.

La propuesta del diputado federal busca garantizar el respeto a la libertad de expresión por cualquier medio y el derecho de acceso a la información pública oficial en forma suficiente, fidedigna y por ende, proscribir la censura previa.

Propaganda equitativa en radio y TV

Vengo a presentar una ley que sí es de propaganda oficial, es una ley general, porque los estados también hacen propaganda en radio y televisión y por lo tanto, tienen que ser regulados. De lo que se trata es evitar la publicación en forma de noticias de anuncios de los gobernantes”, explicó.

Está prohibida la propaganda personalizada, ya sea con nombre, símbolo, cara, alusión; cualquiera de un servidor público, cosa que se viola con la Gacetilla”, sostuvo Pablo Gómez al presentar el proyecto de ley.

Gómez se refirió a casos como el del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien aparece casi a diario en los periódicos de circulación nacional, propaganda que sostuvo el morenista, se paga con dinero del Estado.

Hay que acabar con eso y hay que regular también las sanciones penales de quien lo haga”, indicó el morenista, que también previó un sistema de propaganda oficial que podría ser implementado por la radio y la televisión.

Estamos planteando que haya una distribución correcta, equitativa, de la propaganda oficial hacia los distintos medios. Que no haya discriminación ni favoritismo y que las unidades de la administración pública que realizan propaganda para vender productos o sorteos, o cosas de ese tipo, puedan hacerlo en los términos estrictamente comerciales”, expreso Gómez.

El sistema  permitirá que la propaganda oficial en radio y televisión sólo pueda realizarse por los entes públicos haciendo uso de los tiempos oficiales, con excepción de la contratación de tiempos para carteleras culturales y de espectáculos, campañas de salud, información de prevención civil.

Se establece una restricción para la realización de ampliaciones o traspasos presupuestales y otras reglas especiales de financiamiento en el rubro de publicidad”, sostuvo el funcionario público.

Distribución de la publicidad oficial

Asimismo, aseveró que quedará prohibida la ampliación o traspaso de recursos al gasto correspondiente a propaganda, salvo en los casos de ampliaciones o incrementos presupuestales requeridos para la propaganda en situaciones de emergencia, insiste en la iniciativa.

Respecto a la distribución de los tiempos oficiales, se propone que 35% sea para el Poder Ejecutivo federal; 10% para el Poder Legislativo federal, distribuyéndose en partes iguales, entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Mientras que otro 10% sería para para el Poder Judicial de la Federación; 10% más para los organismos públicos autónomos federales y finalmente, 35% para las entidades federativas.

La propuesta de ley de Gómez faculta a la Secretaría de Gobernación de oficio o a petición de uno de los involucrados, una gestión para superar la solución del diferendo y restaurar a plenitud la relación de colaboración que priva entre órganos del Estado mexicano.