Juez da la razón a niños de Yucatán y suspende mega granja de cerdos

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Un amparo interpuesto el por la organización Equipo Indignación, en representación de seis niños, niñas y adolescentes de la comunidad maya de Homún, Yucatán, fue aceptado por una juez de Distrito del estado: ordenando la suspensión de una mega granja de 49 mil cerdos.

La Juez Cuarto de Distrito, Miriam de Jesús Cámara Patrón admitió el amparo interpuesto el pasado 28 de septiembre, por los permisos que otorgó la pasada administración del estado de Yucatán, así como los de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y el presidente municipal de Homún, para el funcionamiento de la mega granja.

El Equipo Indignación reclamó violaciones a los derechos al agua, a un medio ambiente sano, al principio precautorio y afectaciones al desarrollo humano, lo cual según la organización debe ser garantizado por las autoridades, debido a que se encuentra estipulado en tratados internacionales y en la Constitución Mexicana.

Por ello, la juez de Distrito reconoció que la operación de la granja porcícola puede afectar los derechos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico.

Por lo que consideró que los elementos aportados por la organización, de los cuales se desprenden datos estadísticos, generan una presunción de que la granja podría poner en peligro la pureza o utilidad del agua.

Esto debido a que se ha comprobado que establecimientos de este tipo pueden generar impacto en el ambiente.

“Existe un interés en la sociedad de que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para que los habitantes de determinada población lleven una vida digna, en particular sus pobladores menores de edad”.

La suspensión de la Juez de Distrito obliga a la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) a detener toda acción que implique el funcionamiento de la granja, así como un llamado a la autoridades municipales y estatales de implementar mecanismos idóneos para garantizar la clausura.

La cual fue dictada de manera provisional, ya que, será el 09 de octubre cuando se realice la siguiente audiencia que servirá para definir la suspensión definitiva.

Durante el mes de septiembre, pobladores demandaron la introducción de camiones repletos de cerdos a las instalaciones de la granja, aun cuando sus permisos de operación estaban impugnados ante el poder judicial, cuestión que motivó a que los pobladores realizaran una clausura simbólica de la granja.

Sin embargo, ahora con la suspensión dictada por la Juez, existe la obligación por parte de las autoridades de detener cualquier funcionamiento de la empresa perteneciente a la PAPO.

Con información de Animal Político


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