El Seguro Popular no logra identificar a donde fueron millones de pesos
Una de las consecuencias del modelo actual de financiamiento del Seguro Popular, ha sido el favorecimiento a la impunidad, debido a que prácticas como el desvío coordinado de recursos destinados a la salud por parte de los estados, diluye el acceso a la información en relación con la imposición de sanciones penales y administrativas.
Una cuestión que además de violar el derecho a la protección de la salud, también fomenta la prevalencia de la repetición sistemática de la impunidad en perjuicio de todos los mexicanos, advierte el estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular”, publicado por la organización Impunidad Cero.
De acuerdo con el estudio, actualmente el Seguro Popular es financiado de manera “solidaria” por el gobierno federal, los estados y los beneficiarios: conforme a la Ley, la federación cubre una cuota social anual por cada beneficiario con base a los padrones de familias incorporadas.
Dinero que es canalizado a los estados a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que constituye parte del ramo general 33.
Mientras que los estados efectúan aportaciones “solidarias” por beneficiario: equivalente a la mitad de la Cuota Social, en tanto que los beneficiarios aportan cuotas familiares anticipadas.
Una estructura de financiamiento que, según el informe, hace más difícil identificar su uso correcto. Un ejemplo de esto es que, en los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca se han manejado de manera irregular 3 mil 27 millones de pesos del presupuesto del Seguro Popular.
“Mientras en la administración de los recursos del Seguro Popular prevalezca la opacidad con respecto al destino último de éstos por parte de los estados, y no se publiciten adecuadamente las acciones correctivas tanto de índole penal como administrativo para sancionar a los responsables de su malversación, prevalecerá la repetición sistemática de la impunidad en perjuicio de todos los mexicanos”, advierte el estudio.
Algunas de las irregularidades más comunes que detecta la ASF en el Seguro Popular son transferencias a otros fondos y cuentas, pagos sin documentación comprobatoria, pagos de conceptos no autorizados y subejercicios, entre otras, explica @JulioCopo.
— Impunidad Cero (@ImpunidadCeroMx) October 16, 2018
Entre las irregularidades que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en varios estados de la república incluyen: transferencias a otros fondos y cuentas, el destino de los recursos con otros fines diferentes a los servicios de salud, el pago sin documentación comprobatorias, entre otros.
Según el informe, del 100% del presupuesto destinado, el 89% es manejado por los Gobiernos Estatales y el 11% por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
"Es necesario que enfrentemos la dispersión de recursos que se da en todas las instancias de seguridad social", señala Federico Reyes Heroles en la presentación de nuestro estudio sobre irregularidades financieras en el Seguro Popular.
cc. @Justicia_Justa pic.twitter.com/mUCgcA7FOw— Impunidad Cero (@ImpunidadCeroMx) October 16, 2018
Opacidad en los Estados
De acuerdo con el estudio de Impunidad Cero, la malversación de los recursos del Seguro Popular es una práctica que se ha generalizado en la mayoría de los estados de la República, debido a la existencia de vacíos y ambigüedades en la operación de los programas, así como la nula coordinación que existe entre los gobiernos y las instituciones de salud.
El estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular”, ejemplificó algunas observaciones que se la ASF hizo a varios estados del país con respecto a la aplicación de los recursos en el Seguro Popular.
Hay que vincular el tema de las irregularidades financieras con el de la mala organización en la estructura de las instituciones de salud, dice Jacqueline Peschard. pic.twitter.com/x5XAxcy2Mp
— Impunidad Cero (@ImpunidadCeroMx) October 16, 2018
Destacando que, durante el 2016, la ASF auditó poco más de mil millones de pesos que el gobierno de Baja California recibió, de los cuales se observó un manejo irregular de por lo menos 155.5 millones de pesos: una parte fue transferida a otra cuenta bancaria del ejecutor, además de que no se proporcionó documentos que acrediten cuál fue su destino.
Es decir, que las secretarías de Finanzas de algunos estados, no transfirieron los recursos a los servicios de salud.
Por su parte, Chiapas ha sido identificada como la entidad que más dinero dejó de reportar, debido a que, de 3.5 mil millones de pesos, de los cuales se auditó el 62.6%, se observó el uso indebido de 948.67 millones de pesos.
Esto debido a que el Gobierno del estado no realizó registros específicos del presupuesto de ese año, aunado a que dejó de aplicar los recursos a los programas, ni reportó ante el SAT, el ISR retenido a los trabajadores en 2016.
En tanto que, en el Estado de México, la ASF audito el 50.3% de 9 mil millones de pesos de los cuales fueron presuntamente desviados 820.75 millones de pesos.
Dentro de sus observaciones, la Auditoria detalló que no se proporciono documentación que comprobara la aplicación de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal, ni el ISR en 2016.
Mientras que, en el estado de Michoacán, las autoridades estatales no pudieron justificar 927.8 millones de pesos, de 3 mil millones que fueron asignado hace dos años: La entidad “no enteró intereses generados por la Secretaría de Finanzas y Administración no transferidos a la cuenta del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán.”
En Oaxaca la ASF hizo observaciones en las que se presume un probable daño a la hacienda pública federal por 175.13 millones de pesos, ya que, no exhibió documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas por medicinas y productos farmacéuticos, gasto operativo de unidades médicas, acciones de prevención y promoción de la salud, pagos a terceros por servicios de salud.
