Alarma en Uber y Airbnb por regulación severa con gobierno de AMLO
A poco más de un mes del inicio de gestión de Andrés Manuel López Obrador, las compañías de servicios Uber y Airbnb se encuentran alarmadas por la posible regulación más severa que podrían enfrentar con el nuevo gobierno.
Esta preocupación se sustenta con las recientes modificaciones que países como España, Estados Unidos y Argentina realizaron a dichas empresas para tratar de equilibrar la balanza en el sentido de una competencia justa con taxistas y hoteleros.
El contraste es significativo, en el caso de México, donde tanto Uber como Airbnb gozan de bastante comodidad en lo que respecta al pago de impuestos y a la política de competencia comercial.
¿Cómo funciona Uber en México?
Originaria de San Francisco, California, Uber comenzó a operar en México a inicios de 2015 y aunque, desde el principio, se previó una regulación de 1.5% por cada servicio, como una tarifa básica.
El entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera pidió que la aportación se destinara a un fondo especial para la mejora del servicio de taxis de la Ciudad de México, lo cual trataría de equilibrar las condiciones.
La regulación de @uber_mx y @Cabify_Mexico es un importante paso. Buena noticia, más competencia y mejor transporte.
— Mariana Gómez del C (@marianagc) July 17, 2015
A dicha medida se le sumó la regulación impuesta por la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en dicho año, la cual puso lineamientos muy claros en el caso de la operación de los autos.
Dichas medidas incluyen una antigüedad no mayor a 10 años para las unidades que den servicio, póliza de seguro vigente con cobertura amplia, calcomanía cero o doble cero y algunas otras con respecto al funcionamiento de los autos.
También, de acuerdo con esta ley, Uber debe entregar una base de datos para tener el conocimiento de cuantas unidad y operadores circulan en su plataforma, los cuales deben acreditar los exámenes toxicológicos.
Pese a que lo anterior quedó establecido en el Artículo 59 de la mencionada ley, aún existen vacíos legales que no se han cumplido.
Impuestos, inseguridad y discriminación
Un artículo publicado por el portal La Política Online destaca la posibilidad de que la nueva administración federal comience a imponer mayor regulación a la empresa estadounidense, sobre todo en cuestión de competencia comercial.
De acuerdo con el citado medio, a tres años de operación en entidades como la Ciudad de México, el cobro del pequeño impuesto a los operadores no ha servido para nada, pues las mejoras al servicio de taxis no se han visto, mientras que Uber asegura haber pagado más de 182 millones de pesos.
La publicación señala que de acuerdo con las versiones de algunos sindicatos de taxistas, Miguel Ángel Mancera es dueño de por lo menos 200 autos que operan en Uber.
Al fin, el poder judicial de la República ha aprobado esto, y la verdad es poco (1.5%). #Uber #Mexico #Cabify
La Suprema Corte mexicana avala el cobro de los Estados a Uber y Cabify para fondos de movilidad
https://t.co/zawWcrXWnE— Roberto Carriillo (@robertcarriillo) October 17, 2018
De acuerdo con el mencionado medio, la inseguridad de los conductores y de los usuarios es otro gran problema que enfrenta esta app en México, pues en lo que va de 2018, Uber acumuló 457 denuncias por delitos que van desde robo hasta violación.
Quizá por ello, la negativa de Uber para aceptar pagos en efectivo en diversas regiones del país fue inminente hasta este miércoles, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró tal medida como discriminatoria.
Tras una denuncia realizada en Colima, la SCJN analizó el caso y llegó a la conclusión de que Uber debe aceptar pagos en efectivo, ya que más de 60% de los mexicanos no tienen una cuenta bancaria.
De acuerdo con la Suprema Corte, esta medida beneficiara a gran parte de la población mexicana que podrá tener acceso al servicio de transporte privado, sin tener que abrir una cuenta bancaria.
El caso de Airbnb
2016 fue el año en que la también empresa estadounidense llegó a México, primero teniendo gran aceptación en zonas, donde la demanda turística era superior a la capacidad hotelera, tal es el caso de Cancún en Quintana Roo.
La primera medida, a partir de junio del 2017 fue realizar un cobro del 3% del impuesto sobre hospedaje de cada reservación, misma que se aplicó primero en Ciudad de México, le siguió Sinaloa en junio del 2018 y Yucatán por las mismas fechas.
Esto además de que con otros gobiernos locales como los de Colima, Baja California Sur, Jalisco y Guerrero, establecieron acuerdos colaborativos de promoción, como una medida que permitiera una justa competencia comercial.
Fue así que a mediados de 2018, la Secretaría de Turismo (Sectur) decidió promover un régimen basado en la operación de la plataforma en ciudades como Cancún, el cual incluya la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cobro de otros gravámenes independientes del gravamen al hospedaje, así como nuevas obligaciones en materia de seguridad para los turistas.
Dicha medida se encuentra en etapa de análisis por las autoridades correspondientes, quienes consideraron la derrama económica que Airbnb dejó en Cancún entre junio y agosto de 2018, cual superó los 7 mil 200 millones de pesos.
Por su parte, Airbnb alega que 97% de ese monto se queda con los anfitriones de las casas o departamentos rentados, los cuales en el caso de Quintana Roo, pueden acceder a un ingreso promedio registrado de 74 mil pesos anuales, aproximadamente 6 mil pesos mensuales.
Siempre he reservado por Booking porque siempre voy con mi familia, pero intenta por Airbnb. A mi en México me fue muy bien con esa app: es económico, bueno y se acomoda a lo que uno está buscando ☺.
— Jimena. (@JimeTintinago) October 12, 2018
Esto aunado a que cifras como que durante el primer semestre del 2018, Airbnb participó en la actividad económica de México generando 26 millones de pesos, generan la necesidad de una regulación más estricta.
Tal derrama, en casos como el de la CDMX se encuentra regulada para que los recursos obtenidos, permitan a la empresa cumplir con sus obligaciones fiscales, mediante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, generando así un beneficio para la entidad.
Pese a ello, tal medida parece no ser suficiente, ya que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, solicitó a las autoridades el pago en todo el país del IVA por 16% y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 35 por ciento.
Todo ello con la finalidad de competir en igualdad de condiciones. Por ahora, la moneda está en el aire, ya que según el portal La Política Online, la futura Jefe de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ya analiza replantear el modelo de movilidad en la capital del país y promover regulaciones más severas para AirBnB, como en Barcelona.
