Solo 11 funcionarios implicados en la Estafa Maestra han sido sancionados

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De los 110 funcionarios públicos implicados en los desvíos de 7 mil 600 millones de pesos en 11 dependencias del Gobierno Federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) solamente ha sancionado a 11.

A pesar de que el desvío de recursos que fue documentado en la investigación periodística La Estafa Maestra, implicó a 11 secretarios del gobierno, 10 oficiales mayores, 81 funcionarios con otros cargos y 8 rectores de universidades públicas, solamente 11 servidores públicos de jerarquía media han sido sancionados.

De acuerdo con datos de transparencia pública, dados a conocer por Animal Político, cuatro de los funcionarios que fueron sancionados trabajaban en el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE):

Héctor Valles Alvelais, subdirector de créditos; Héctor Fernández Montero, subdirector de atención a acreditados; Graciela Ramírez Hernández, jefa de servicios de ingreso; y Jorge Eduardo Roa Diosdado, jefe de servicios de Tecnología de la Información.

La SFP dio a conocer que la sanción de los funcionarios de FOVISSSTE, derivó de la investigación forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública 2014, en la que se documentó el desvío de 100 millones de pesos, por la firma de cinco convenios de la Universidad Autónoma del Estado de México (AUEM), con empresas fantasmas o irregulares.

La sanción para Jorge Eduardo Roa Diosdado consistió en una multa de 346 mil pesos y 10 años de inhabilitación de la función pública por “reincidencia” en irregularidades, mientras que los otros tres implicados recibieron una sanción “no grave” de un año de inhabilitación.

Sin embargo, dichas sanciones pueden ser revocadas, debido a que los cuatro ex trabajadores del FOVISSSTE, recurrieron ante la justicia argumentando que no cometieron alguna irregularidad.

Por otra parte, la SFP afirmó que el quinto funcionario sancionado fue Mauricio Razo Sánchez, quien se desempeñó entre mayo y octubre del 2015, como titular del área de quejas del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol.

Razo Sánchez fue señalado por “archivar sin justificación” las denuncias de la ASF sobre los convenios que la Sedesol firmó en 2013 y 2014 con la UAEM y la Universidad Autónoma de Morelos, lo que derivó en el desvío de 857 millones de pesos que debían ser usados en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Además de que el de titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol exoneró “sin justificación legal” a cuatro funcionarios que participaron en la firma de los convenios.

Ante este hecho la SFP inhabilitó a Mauricio Razo Sánchez, por dos años en la administración pública, aunque desde el 2017 labora en la iniciativa privada.

En cuanto a los otros 6 funcionarios que fueron sancionados, la SFP no dio detalles sobre los cargos y las dependencias en las que laboraban.

Altos mandos del Gobierno implicados en la Estafa Maestra

De acuerdo con datos de Animal Político, funcionarios de alto nivel como Rosario Robles, quien ha estado a cargo de la Sedatu y de la Sedesol, así como el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en Banobras, son algunos de los altos mandos que están implicados en la Estafa Maestra.

La investigación señala que 11 dependencias del Gobierno Federal desviaron 7 mil 600 millones de pesos, junto con la intermediación de ocho universidades públicas que violaron la ley de adquisiciones: 4 mil 613 millones desaparecieron entre 144 empresas fantasmas.

Otros personajes como el ex director de Pemex, Emilio Lozoya permitió durante su gestión el desvío de 3 mil 500 millones de pesos, que se produjo a través de 39 convenios.

Por su parte, también es señalada la gestión de José Reyes Baeza al frente del FOVISSSTE, por usar el mismo esquema de convenios fraudulentos, así como Manuel Ignacio Acota Gutiérrez, quien estuvo a cargo del Registro Agrario Nacional (RAN).

Además de Gerardo Ruiz Esparza actual secretario de Comunicaciones y Transporte; Enrique Sánchez Cruz, del Servicio Nacional de Sanidad (Senasica); Indefenso Guajardo de la Secretaría de Economía; y Enrique Martínez y Martínez de la Secretaría de de Ganadería y Agricultura.

En cuanto a los ocho rectores de las universidades públicas implicadas, la SFP aseguró que su competencia no es la de investigar y sancionar a los directores, sino de las contralorías internar de las escuelas, y de la ASF.

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