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En gobiernos de Calderón y Peña, México dio libre tránsito a mercancía pirata

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Las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto permitieron que pasara mercancía falsificada que iba a terceros países. La Procuraduría General de la República (PGR) argumentó que no había ninguna razón legal para impedir el paso de estos productos, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que sí lo hay, informó Proceso.

En el gobierno de Calderón no se tomó acción alguna contra los productos falsificados o piratas, así se indica en un oficio de la Visitaduría General de la PGR sobre indicaciones a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual (UEIDDAPI). El documento de 2011 decía que: «el agente del Ministerio Público no ordenará la retención, inmovilización o suspensión del libre tránsito de esas mercancías«.

Se indicaba que el agente del MP solo debería hacer un oficio a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR para que, conforme a sus atribuciones, informara por vía diplomática al país de arribo de las mercancías que estas podrían ser apócrifas.

Esta decisión era contradictoria con otras del gobierno de Calderón, ya que tanto él como su predecesor, Vicente Fox, suscribieron el Acuerdo Nacional Contra la Piratería desde el 30 de noviembre de 2006. La PGR publicó este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2007, ya bajo la gestión de Calderón. Combatir la piratería estaba como uno de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012.

La presión sobre la postura de la PGR se presentó hasta el 2017 ya que la Administración General de Aduanas ratificó lo que habían presentado en un oficio de 2011, que no hay disposiciones en tratados internacionales que prohíban medidas contra el tránsito de mercancías presuntamente violatorias de los derechos de propiedad intelectual.

La Visitaduría General de la PGR empezó a cambiar su visión en 2016 con la 88 reunión del Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, instancia formada por representantes gubernamentales y empresariales. En esta reunión uno de los temas tratados fue la situación jurídica de los contenedores con mercancías presuntamente apócrifas.

«La falsificación de mercancías es un delito que no solo afecta intereses de particulares, sino que vulnera los derechos de diversos sectores de la sociedad y al propio Estado que deja de percibir importantes ingresos en impuestos», indica un oficio de la PGR del 22 de enero último. Es decir que la PGR mantuvo el mismo criterio desde 2011 y solo hasta este año lo cambió. «El Estado mexicano no debe permitir que su territorio sea utilizado para el tráfico en tránsito de mercancía ilegal», sostuvo Adriana Campos, visitadora general de la PGR.

Debilidad institucional y corrupción

Según expertos, la decisión de 2011 de la PGR de permitir el paso de este tipo de mercancía se debe a debilidad institucional, corrupción y falta de cumplimiento de los acuerdos comerciales. No existen cifras confiables respecto al volumen de mercancía pirata que se va hacia otros países. José Luis Ramos, miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, calcula que de 25 a 30 por ciento del total de contenedores pertenece a ese ramo.

Juan Pablo Aguirre, autor del estudio Piratería en México y sus efectos en la sociedad, aseguró que: «hay proveedores, autoridades, vendedores y distribuidores involucrados. Hubo un abuso de acuerdos comerciales e implicó aumentar el delito y el fortalecimiento de las mafias». Dijo que el problema persiste ya que: «los productos apócrifos están a la vista de todos, en cualquier plaza se pueden encontrar».

El mercado pirata para el país representó una pérdida de 43 mil millones de pesos, indicó el estudio El mercado sombra en México. Hubo una pérdida de al menos 6 mil millones de pesos en cuestión de impuesto. Los productos piratas más consumidos en el país son: música, películas, ropa, calzado, cosméticos, productos eléctricos, de limpieza, medicamentos, software, juguetes, videojuegos, productos de cuidado personal, cigarros y bebidas alcohólicas.

Lee el reportaje complejo en Proceso.