El gobierno priísta de Yucatán le dio 150 millones a empresas fantasma

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Parece que el manual para desviar recursos públicos se compartió entre los gobernadores del PRI. Desde Veracruz hasta Chihuahua, pasando por el Estado de México y Yucatán, la fórmula priísta en el poder, a través de sus gobernadores estatales, se dedicó a repetir una estrategia de saqueo de recursos a través de empresas irregulares.

Ahora se sabe que el yucateco Rolando Zapata también participó la famosa fórmula en su administración que termina en pocos días. La estructura es conocida: se destinan recursos públicos, en este caso 150 millones de pesos, y estos se invierten a empresas privadas para que realicen ciertos estudios o actividades. El problema surge al comprobar las actividades y domicilios fiscales de las empresas fantasma. No existen y si llegan a hacerlo, no se dedican a la actividad por la que fueron contratados.

En el caso yucateco, los desvíos se realizaron bajo la excusa de generar estudios sobre enfermedades graves y servicios relacionados con el sector salud. Para el gobierno yucateco, la intención era simular que se estaban aprovechando recursos públicos federales destinados al bienestar de las familias yucatecas. El dinero, sin embargo, fue a parar a empresas que se dedican a la construcción, la plomería y hasta la venta de mariscos.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se hizo popular el concepto “empresa fantasma”, en donde se recurre a una empresa que no existe o que no puede demostrar sus actividades. Muchas de estas se encuentran fichadas por la auditoría superior, debido a su falta de capacidad o inexistencia, y aún así varios gobernadores priístas han decidido darles contratos por millones de pesos. Muchos de los contratos se adjudican de forma directa, para evitar sospechas.

Todos los dedos apuntan al gobierno priísta de Yucatán y en especial a la secretaría de Salud local, en donde se ha comprobado que se otorgaron contratos a empresas que no trabajan en el rango de salubridad y que la mayoría de cada uno de ellos rebasa el millón de pesos. Animal Político señala que son 58 las empresas fantasma involucradas, resaltando Beco Peninsular SA de CV, Coema Proyectos SA de CV, Codimayo SA de CV, entre otras. Muchas de estas sin contar con la capacidad para hacer estudios de salud y otras incluso ya fichadas por la auditoría superior.

El gobierno yucateco ha negado entregar información sobre la forma en la que se seleccionaron estas empresas, cuando claramente no podían realizar los encargos. La excusa que se le dio al medio ganador del premio nacional de periodismo el año pasado es que los trabajadores y secretarios del gobierno priísta ya están por partir y no tienen acceso a la documentación. A pesar de las evidencias, el gobierno de Zapata niega que se hayan celebrado estos contratos con empresas fantasma.

Este tipo de desvíos a través de empresas fantasma se hicieron noticia nacional después de detectar una red de saqueos en la administración del veracruzano Javier Duarte. En este estado, aún no se sabe qué fue de miles de millones de pesos destinados a salud, educación, entre otros rubros. Lo mismo sucede con el gobierno saliente yucateco, en donde el silencio y la negación han sido la única respuesta.