Suprema Corte seguirá permitiendo etiquetado que atenta contra la salud | BREAKING

Suprema Corte seguirá permitiendo etiquetado que atenta contra la salud

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Ministros de la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han aplazado un proyecto con el cual hubieran podido declarar inconstitucionales las etiquetas de los alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas, de acuerdo a una demanda que presentó El Poder del Consumidor (EPC) en 2015, que argumenta que dichas etiquetas tienen poca claridad, y no se apegan a las normas de organismos internacionales.

El máximo tribunal returnó el caso a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, y el fallo podría darse hacia diciembre, cuando finalice la actual administración de Enrique Peña Nieto, o durante las primeras semanas de la nueva, a cargo de Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Calvillo Unna, director de EPC, dijo en entrevista para Sin Embargo, que el asunto está lejos de haber muerto: “sigue vivo… en realidad no sabemos por qué rechazaron la sentencia”; el abogado de esta organización, Javier Zuñiga, añadió que intuye el rechazo fue de orden procesal, es decir, un asunto de forma y no de fondo, “pero la materia subsiste”, insistió.

Hasta que este nuevo fallo sea dado, la población mexicana seguirá consumiendo alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas, cuyas etiquetas, basadas en la llamada Guía de Proporciones Diarias (GPD), nadie entiende. La poca claridad de las mismas, y la información que presentan de forma engañosa y taimada, seguirán confundiendo a los consumidores.

Estos, al menos, son los argumentos de EPC: “desde hace ocho años la industria implementó estas etiquetas engañosas que nadie entiende”, remarca Zúñiga a este respecto; y es que, como dijimos, EPC presentó una demanda en contra de esta medida que se implementó en 2011. La demanda la presentaron en 2015, y desde entonces han peleado por que se modifique.

La demanda de EPC fue declarada como procedente en 2016 por el Juez Octavo en materia Administrativa de la Ciudad de México, pues asintió en que el etiquetado de estos alimentos violaba ciertos derechos constitucionales: a la salud, a la información, pues no presentaba su contenido de forma clara.

La sentencia de este juez ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) quitar ese formato de etiquetado, y modificarlo con base en las recomendaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, tanto Cofepris como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), impugnaron la sentencia.

Fue entonces cuando, por la importancia y trascendencia del caso, la Suprema Corte lo atrajo hacia sus competencias, sólo para returnarlo en la sesión de ayer. La esperanza de Unna y EPC, es que la nueva administración no respalde las impugnaciones a la sentencia, y apoye la modificación exigida por EPC.

“Estoy seguro de que Profeco y Cofepris van a desistir de la impugnación, tienen que hacerlo… porque sus funcionarios que estaban al servicio de las empresas ya se van. Estamos muy a la expectativa”, dijo Calvillo Unna.

Pues de acuerdo a la institución que preside, esta medida de etiquetado fue creado por la Cofepris de la mano de la industria; es decir, las grandes empresas han impuesto su propia regulación, sin que las autoridades mexicanas puedan hacer algo al respecto.

De acuerdo a EPC, el etiquetado frontal basado en la GPD “es un atentado contra la salud” pues atropella los derechos a la salud, a la información, y a la alimentación sana, toda vez que maquilla o presenta las cantidades de azucares que contiene, de una forma engañosa, sin que el consumidor pueda tomar una decisión informada y saludable.

La medida estaría violando también la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, respecto de la cantidad de azucares recomendada para consumir diariamente: la Cofepris ubica el límete en 90 gramos de azúcar por día, mientras que la OMS lo ubica en 25 gramos. Es importante señalar que en noviembre del año pasado se declaró una epidemia el sobre peso, la obesidad y la diabetes.

De acuerdo a la OCDE, México ocupa el segundo lugar, dentro de sus países representados, con mayor índice de obesidad y sobrepeso, sólo detrás de Estados Unidos; al menos el 32.4 por ciento de nuestra población la padece.