Los magistrados del tribunal electoral no quieren publicar su declaración patrimonial

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Los magistrados del Tribunal Electoral son de los funcionarios mejor pagados del país, sin embargo, se resisten a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. Incluso después de que el presidente de México y otros funcionarios hayan decidido hacerlo, los magistrados pusieron un candado a sus declaraciones para evitar que sean públicas.

De acuerdo a una investigación de Aristegui Noticias en alianza con Connectas, seis de los siete magistrados son dueños en conjunto de al menos diez departamentos, cinco terrenos, dos casas y una oficina. Las propiedades están en distintos estados como Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Guanajuato. La investigación no halló indicios de corrupción de los magistrados, sin embargo no se puede saber si este es su único patrimonio o tienen más.

Desde el 4 de junio Aristegui Noticias realizó una solicitud de transparencia para obtener las copias de las declaraciones patrimoniales de los siete magistrados del tribunal. La Suprema Corte, área responsable de dar respuesta a la petición tardó dos meses en responder y declaró que esta información es confidencial. Cada año los magistrados ganan 4 millones 654 mil pesos, más que el Presidente de México. Esto incluye el aguinaldo y un bono de riesgo, dinero extra a sus sueldos.

Departamentos con costos millonarios

Janine Madeline Otálora Malassis es quien tiene más propiedades registradas a su nombre, es Presidenta del Tribunal desde finales de 2016, y tiene en total siete inmuebles: dos departamentos en el sur de la Ciudad de México, uno en Guanajuato, dos lotes y otros como copropiertaria con su pareja. José Luis Vargas tiene dos departamentos en la Ciudad de México, uno en Lomas de Chapultepec y una oficina. El valor asciende a 9.7 millones de pesos.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera tiene dos departamentos en la Ciudad de México, uno adquirido este año y con un valor de 3.8 millones de pesos y una casa en un fraccionamiento de la Ciudad de México. Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante Gonzales tienen dos propiedades cada uno. Mónica Arali Soto Fregoso tiene un departamento en Jalisco en copropiedad con su esposo. No se hallaron las propiedades del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

La actual legislación estipula que nadie puede ganar más que el Presidente, sin embargo, los encargados de vigilar el cumplimiento de la ley no se han ajustado a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Aunque López Obrador anunció que reducirá el sueldo de la democracia incluido el Poder Judicial, Luis Marías Aguilar, presidente de la Suprema Corte rechazó esta orden para jueces y magistrados ya que dijo que sus sueldos son: “condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible en un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos”.

A favor de la opacidad

En un acuerdo firmado en el 2005 el Poder Judicial hizo legal que cada miembro decidiera si su declaración de bienes es pública o no. El acuerdo indica que: “la información relativa a la situación patrimonial será confidencial; sin embargo, podrá hacerse pública siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”. Los representantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún no han afinado los detalles para que se logre la transparencia. Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad declaró que: “sería muy sano para nuestro sistema democrático que el Poder Judicial comenzara a ser más transparente“.

Javier Martínez, profesor del CIDE, opina que la falta de transparencia del Tribunal Electoral es un síntoma de la ausencia de rendición de cuentas del Poder Judicial mexicano. Aseguró que: “el poder judicial, que incluye al Tribunal Electoral, es el poder menos observado y el que menos rinde cuentas a la ciudadanía.” Son los partidos políticos los que designan a los magistrados y ellos mismos serán regulados por este órgano. Asimismo regulan a organismos y empresas privadas, incluyendo a las televisoras mexicanas.

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El tribunal lleva al menos 12 años de fallos polémicos, el más reciente fue la inclusión de Jaime Rodríguez El Bronco a la candidatura de la presidencia, a pesar de que el INE había señalado que casi la mitad de sus firmas no cumplían con los requisitos para hacerlo candidato independiente. Javier Martínez también señaló que: “Hemos visto a un Tribunal con falta de consistencia jurídica, o con argumentos jurídicos muy endebles. Incluso cayendo en contradicciones con sentencias del propio tribunal. La actual integración del Tribunal había generado cierta expectativa, pues tiene a gente preparada y con experiencia, pero pronto mostraron fallas graves”.

Lee la investigación completa en Aristegui Noticias.