Ley de Seguridad Interior: AMLO espera la decisión de la Suprema Corte

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La Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada en el fast track a finales del año pasado, fue una de las decisiones más criticadas de la administración del presidente Enrique Peña Nieto; de acuerdo a organizaciones no gubernamentales, y otros organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), etcétera, la ley otorga legitimidad y permanencia al ejército en las labores de seguridad pública, estrategia que ha probado ser fallida en la búsqueda por la paz.

La administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con su mayoría en el Congreso de la Unión, hubiera podido abrogar la ley, y aprobar una nueva, pero no será así. De acuerdo a lo dicho por Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación, el nuevo gobierno esperará a la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

“Podríamos ir avanzando en la derogación”, admite Sánchez Cordero, “pero por respeto a la Corte debemos esperar el resultado que ellos emitan. En efecto hay varios artículos de esa ley que son inconstitucionales y sería muy beneficioso reformar”, dijo. Pero, al menos de momento, la ley seguirá vigente.

Para Ixchel Cisneros, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la decisión de esperar la resolución del máximo Tribunal es correcta, pero: “ellos también podrían decidir; podrían ir haciendo su parte y pensar en una ley distinta. Hay varios artículos que son evidentemente inconstitucionales, y la petición de las víctimas era que la ley se abrogara. Ahora, puede que reformen algunos y lo demás se quede como está, es algo que nos preocupa mucho”.

Resulta curioso que Morena, el próximo partido en el poder con mayoría en el Congreso, no apueste por una reforma o una abrogación de la ley, cuando en noviembre y diciembre pasados se pronunció en contra de ella de forma directa: el partido opinó que la ley tenía una “naturaleza totalitaria”, e instó a la sociedad civil a pronunciarse en contra de ella.

Para la CIDH, la ley es un riesgo para el reconocimiento, respeto y protección a los derechos humanos; manifestó que tenía profundas deficiencias en su redacción y una falta notoria de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas, toda vez que faculta a las fuerzas armadas para realizar investigaciones profundas y reservarse la información.

Para la Organización de las Naciones Unidas, el problema de la ley está en su redacción, ya que contiene terminología ambigua, que puede dar lugar a un ejercicio equivocado de la ley, y “favorece una aplicación excesiva, discrecional y arbitraria de la fuerza».

Según reporta Animal Político, la ONU ha dado cuenta de que los escenarios que prevé la ley son “demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrán activar mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos”. Términos como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior”, o “amenazas a la seguridad interior”, son laxos y ambiguos, y podría derivar solamente en una normalización de la brutalidad del ejército en materia de seguridad pública, estrategia que ha probado fallar en este y el anterior sexenio.

Para discutir todos esos menesteres, el colectivo «Seguridad sin guerra» ya se ha reunido con Alfonso Durazo, el llamado para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, y quien ha expuesto un plan para que los militares regresen al cuartel en tres años. El colectivo mira con buenos ojos el acercamiento con el nuevo gobierno, pero advierte que: “es fundamental que el nuevo gobierno haga una diferencia en esta materia, esperemos que no sólo queden en dichos y de verdad vayan más allá”.