La descentralización del Inegi fue un proceso costoso, tardado y complejo
Andrés Manuel López Obrador planea que se realice una descentralización de las dependencias. Esta propuesta ya la había presentado el expresidente Miguel de la Madrid en los años 80, aunque sin éxito ya que no muchas dependencias lo intentaron. El único caso que se logró fue el del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Después de que sus oficinas se cayeran en el terremoto del 85, la dependencia se mudó a Aguascalientes el año siguiente.
El proceso duró un total de cuatro años, informó Milenio, esto desde que se planeó el proyecto hasta la estabilización. La mudanza en ese entonces costó 21 mil millones de pesos lo que actualmente equivaldría a mil 854 millones de pesos. El costo de mover a los empleados y darles vivienda (con créditos blandos), oficinas, traslados, fue de 6 millones 600 mil pesos de esa época.
El Inegi tenía cuatro mil empleados en ese entonces, solo tres mil aceptaron la mudanza, de los que aceptaron el 20 por ciento no se adaptó y regresó a la Ciudad de México. El Inegi no puede dar una cifra de cuánto realmente costó el proceso ya que surgieron muchos gastos que no estaban contemplados. Asimismo, otros costos son difíciles de calcular como los créditos o los terrenos que el gobierno estatal donó para la construcción de viviendas.
Mario Palma, vicepresidente del Inegi, aseguró que: «es difícil sacar una sola cifra, porque ¿a cómo valúa el gobierno local lo que nos regaló de terreno, las 37 hectáreas y los 75 mil metros cuadrados? Son más de 45 hectáreas. ¿O lo que los gobiernos pusieron? ¿Cómo valuamos los créditos blandos? Esto tampoco está fácil».
Hoy en día construir un edificio como el del Inegi costaría aproximadamente 900 millones de pesos. Después de tres décadas Palma asegura que fue un proceso muy complejo «muy difícil, que tuvo problemas en momentos fuertes, (pero que) finalmente fue muy exitoso». Las complicaciones de este proceso fueron financieras, políticas, materiales e incluso personales.
#ElDato Por la descentralización los empleados de las secretarías de Economía y de la Función Pública son los que más van a pagar en renta y compra de inmuebles por irse a vivir a estos estados del país https://t.co/BHesnZo3h8 pic.twitter.com/S98Nu2srjT
— La Razón de México (@LaRazon_mx) August 15, 2018
El funcionario aconseja que si se intenta la descentralización debe haber un área específica de planeación y seguimiento del proceso para socializarlo entre los empleados. En esa época el gobierno de Aguascalientes fue el único que aceptó recibir esta dependencia, a pesar de que el PRI gobernaba a nivel nacional. Era necesario encontrar un lugar que no colindara con la Ciudad de México y que pudiera recibir a tres mil personas más sus familias (15 mil en total) sin tener un desequilibro urbano: San Luis Potosí, Guanajuato, Morelia, León y Aguascalientes eran las opciones.
Se presentaron retrasos e inconformidad
El gobierno de Aguascalientes donó 37 hectáreas para construir dos mil lotes, mil departamentos y 75 mil metros cuadrados para la sede. Asimismo compartieron el gasto para construir dos jardines de niños, tres primarias y una secundaria.
«El dinero no llegaba tan rápido como debía. Hubo retrasos, inconformidad del personal. Los últimos miel pies no estaban terminados porque no habían pagado a los constructores, que eran varias empresas… entonces estas empresas se habían retrasado y la gente ya estaba allá y vivían en hoteles. ¡Imagínense!», contó Antonio Guerrero, subdirector de Crónica Estadística.
Al parecer ni siquiera el equipo de transición de López Obrador sabe cuánto costará ni el alcance que tendrá mover las secretarías a diferentes entidades ni el impacto económico negativo que puede tener para la Ciudad de México sacar esas dependencias.#descentralización #amlo
— Gilberto Pérez (@gilbertoperez) August 6, 2018
Otro problema fue que las personas de la Ciudad de México no fueron recibidas amablemente por la sociedad al principio. «Hubo campañas en contra, anónimos que distribuyeron volantes que decían ‘Haz patria, mata a un chilango’. Había escuelas que no aceptaban a nuestros hijos o taxistas que no nos llevaban a Ojocaliente«, recuerda. Aunque finalmente, después de un proceso fueron aceptados.
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