Tribunal Electoral exige nombres de las empresas que realizaron llamadas anti-AMLO

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A finales de junio pasado, gran parte de la sociedad mexicana fue víctima de acoso telefónico a manos de un grupo de seudo call centers que propagaron llamadas telefónicas anti AMLO.

Luego de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una queja contra los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en atención a las presuntas encuestas telefónicas, el Instituto Nacional Electoral (INE) tomó cartas en el asunto.

El pasado miércoles en sesión pública, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exigieron el nombre y domicilio de las compañías telefónicas que realizaron dichas llamadas.

Para ello, dieron a las empresas Radiomóvil DIPSA (Telcel) y AT&T, presuntas responsables del servicio, un plazo máximo de 72 horas para revelar los datos de los titulares de las líneas telefónicas.

Dichos datos serán revisados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, quien continuará sus investigaciones sobre el caso, denunciado por Morena por afectar la equidad en la contienda electoral.

Asimismo, los magistrados determinaron que “de manera excepcional y por única ocasión”, se suspenderán las multas que el INE había impuesto a AT&T y Telcel, debido a dos poderosas razones.

La primera se debe a que al inicio negaron compartir los datos de sus clientes; ya que, de acuerdo con las compañías telefónicas, tal hecho era considerado como violar la confidencialidad de sus clientes, lo cual es ilegal.

En este sentido, el Pleno consideró que su negativa no fue una renuencia, sino que se debió al temor fundado de violar  tal confidencialidad de las comunicaciones; mientras que la segunda obedece a la excusa de participar en el caso del magistrado José Luis Vargas Valdés, quien es cuñado del apoderado legal de una de las firmas involucradas.

De este modo, los magistrados revocaron las multas que habían sido impuestas por 250 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), monto que representa un poco más de 20 mil pesos.

Al respecto, el magistrado Indalfer Infante Gonzalez aseveró que tales empresas partieron de una premisa inexacta en su impugnación, al pretender que solicitar el nombre y domicilio era una conducta ilegal.

Agregó que se requiere el destino de las llamadas, frecuencia, hora y duración; por tanto, si es necesario pedirán un mandamiento de una autoridad judicial, que autorice la entrega de dicha información.