Olga Sánchez Cordero propondrá despenalización horizontal de cannabis | BREAKING

Olga Sánchez Cordero propondrá despenalización horizontal de cannabis

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Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación en el nuevo gobierno del candidato electo, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido ante medios de comunicación, que el nuevo gobierno incluirá la despenalización horizontal de la cannabis, es decir en su cultivo, cosecha, trasiego y consumo lúdico, como parte de su estrategia de seguridad.

“Ya estoy sobre ello, se lo voy a proponer a Andrés Manuel, porque como él bien dice, no se puede combatir la violencia con más violencia”, dijo en entrevista para W Radio: “ya la han despenalizado en Canadá y en varios estados de los Estados Unidos, ¿Qué estamos esperando nosotros? Vamos a tratar de avanzar en ese sentido, pero que quede bien claro: a la par de la despenalización, impulsaremos programas de prevención y rehabilitación a los adictos”.

Parte de esta estrategia preventiva, aseguró, será la de castigar duramente a aquellos quienes proporcionen drogas a menores de edad; “eso sí va a estar muy castigado”. Agregó que además de la cannabis, se intentará impulsar el uso de la amapola con fines médicos.

“Las compañías farmacéuticas compran mucha amapola para hacer morfina, u otros medicamentos, ¿por qué no venderlas amapola? Claro, que esto será debatido y consultado, pero creo que podemos encontrar un camino de pacificación a través de un ejercicio institucional contra las drogas”.

Parte de estas sentencias de Sánchez Cordero, derivan del posicionamiento que tuvo al respecto en su columna en Milenio, el mes pasado. En su texto: «Justicia transicional: política de drogas. Primero la salud, fin a la violencia», la próxima secretaria de gobierno sostuvo que la estrategia de combate frontal al narcotráfico ha sido un fracaso.

“El nacimiento de nuevos cárteles de droga mexicanos y la magnitud de su expansión a escala nacional […]; las cifras de muertos y desaparecidos, de manera directa o colateral, obedecen al fracaso de la política anticrimen”, ensaya, y en este sentido, el nuevo gobierno se enfrentará a los cárteles: “desde un enfoque de prevención”.

Ella explica: “La estrategia contra los cárteles debe tener un enfoque de medidas de prevención, de lavado de dinero y, sobre todo, inteligencia contra el uso de recursos de procedencia ilícita”; y dado que la criminalización del consumo no ha ayudado de ninguna manera a reducir su demanda, una despenalización bien pensada, “y en un contexto regulatorio responsable”, es a la vez una estrategia de mercado y seguridad.

El mercado mayorista de drogas mundial supera al de cereales, vino, cerveza, café y tabaco juntos”, detalla la ex ministra. La estrategia del nuevo gobierno sería, pues, desarrollar una política de seguridad basada en los derechos humanos.

Para ello se buscarán las reformas al contexto jurídico actual que ha restringido de forma casi total la compra, el uso, la portación o el traslado de ciertas sustancias, entre ellas la cannabis.

En meses pasados, el debate sobre la cannabis se vio reavivado cuando Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, propuso despenalizar la planta en los estados de mayor afluencia turística, precisamente como una estrategia de seguridad.

La propuesta tuvo un eco fuerte en la sociedad civil, y provocó algunos pronunciamientos en algunos personajes de la política; los entonces candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade se pronunciaron en contra, aunque fueron muy cuidadosos en la naturaleza de su negativa.

En semanas recientes, nos enteramos de que el también aspirante la presidencia por la vía independiente, Armando Ríos Piter, que se unió a la campaña de Meade pocas semanas antes de la elección, recibió un amparo por parte de la SCJN para poder comprar semillas, cultivarlas, cosechar y después consumir la planta de forma lúdica.

Fue el tercer amparo que la Suprema Corte otorgó en esa materia, bajo el argumento jurídico de que ciertos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal son inconstitucionales, ya que contravienen al libre ejercicio de la personalidad. Bastan cinco amparos dados en esa misma dirección, para que se convierta en jurisprudencia y cualquier ciudadano pueda ampararse.

Una reforma como la que podría impulsar Sánchez Cordero, se sumaría a la impulsó el saliente presidente Peña Nieto, en materia de uso medicinal e industrial.