Era priista hereda a gobierno de AMLO 835 MMDP escondidos en fideicomisos

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El número y los recursos asignados a los fideicomisos han venido en incremento los últimos años; sin embargo, esta figura financiera se ha convertido en el caballo de Troya perfecto para la desviación de recursos debido a su inmensa opacidad y falta de rendición de cuentas. La administración actual heredará al gobierno del recién electo Andrés Manuel López Obrador un total de 374 fideicomisos que acumulan 835 mil 477 millones de pesos: lo equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto. La cuestión es que el 32% de esos recursos, unos 772 mil millones de pesos, permanecen sin controles de vigilancia.

Un fideicomiso es una herramienta financiera que el Estado “constituye para impulsar determinados fines de interés público”, dice el Centro de Investigación y Análisis Fundar, en su estudio Fideicomisos el arte de desaparecer dinero público: “se trata de una operación de crédito, en virtud de la cual el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria”.

Pero subraya un poco antes: “tanto su estructura como su regulación hacen complejo el seguimiento al uso de los recursos públicos involucrados”; es decir, esta figura financiera basada en la confianza entre las partes que la celebran padece de una severa falta de transparencia y una mínima rendición de cuentas, a pesar de estar “sometida a disposiciones de derecho público como la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.

Durante la presente administración, de 2013 a 2016, se gastó el doble de dinero en fideicomisos de lo que el Congreso de la Unión había permitido; el gasto se superó en 79% al pasar de 131 mil millones, a 310 mil millones.

La responsabilidad de esos incrementos está enteramente sobre los hombros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que es ésta la única figura fideicomitente; durante estos años, la titularidad de la misma estuvo a cargo de Luis Videgaray y el otrora candidato “ciudadano”, José Antonio Meade.

Fue precisamente Fundar la organización que detectó, después de ingresar más de 2000 solicitudes de información, que la información de los fideicomisos activos en México se encuentra dispersa en diferentes entidades y “está fragmentada, no es accesible y no cumple con un formato de datos abiertos y no cuida un lenguaje ciudadano. La magnitud del problema está en que el 92 por ciento de los recursos disponibles en fideicomisos (772 mil millones de pesos) no tiene un control de vigilancia.”, subraya el reportaje de Sin Embargo.

Fideicomisos, Fundar

Fuente: Fideicomisos: el arte de desaparecer dinero público, estudio de Fundar.

De acuerdo a este medio, la única información a la que se puede ingresar son los montos generales de ingresos y egresos; pero no hay una información desglosada sobre los pagos realizados, a qué cuentas o bajo qué modalidades; sólo la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda tienen pleno acceso.

Sin embargo: “nadie revisa. La ASF, se mete después, cuando ya se ejercieron los recursos, pero no revisan todos y tampoco está involucrada en dar una opinión ante la creación de un fideicomiso. Primero se debe justificar muy atinada y adecuadamente de por qué se recurre a esa figura, y actualmente es lo que no encontramos”, comenta en entrevista Liliana Ruiz Ortega, investigadora del equipo de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

A la ya de por sí poca transparencia de estas figuras financieras, hay que sumar que algunos de estos fideicomisos están celebrados con instancias privadas, que controlan al menos 68 mil millones del total de los recursos destinados para éstos. Las más fuertes son: Santander, que controla 34 mil millones; Banorte, con 18 mil millones; BBVA Bancomer, con 7 mil millones de pesos, y después Banamex, con 3 mil millones. Todas las operaciones de esos fideicomisos son confidenciales.

“De acuerdo con la ASF, estas instituciones bancarias tienen el derecho a realizar gastos que no son considerados como parte del gasto público; ellos tienen sus propios comités técnicos que son los que deciden sobre el uso de los recursos; no hay un plazo específico en el que el dinero deba gastarse y no hay ninguna instancia que supervisa el manejo del dinero y el cumplimiento de los objetivos”, subraya el reporte.

Para el nuevo gobierno, en este sentido, la regulación de los fideicomisos debería de ser una prioridad; de hecho, ya dentro de los 50 lineamientos con los que Obrador pretende desterrar la corrupción del país, ya se encuentra “la cancelación de los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.

A pesar de todo, Sarahí Salvatierra, investigadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, señala que los fideicomisos por sí mismos no son malos, simplemente se debe de tomar en cuenta que tienen que ser abiertos, transparentes, y debe haber información concreta acerca del origen de los fondos, y su destino; además de una evaluación posterior, respecto de su efectividad.

“Uno de los primeros retos es analizar cuántos fideicomisos se tienen actualmente, cuáles funcionan, cuál es su objetivo y si los recursos deben seguir canalizándose a esos fideicomisos, si deben seguir operando o si se deben extinguir. Primero revisar su pertinencia y a la par, establecer mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que actualmente no tienen”, comentó en entrevista.

Esta revisión podría, por ejemplo, aclarar por qué el fideicomiso público que se creó en 2012 para la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, gastó casi el 68% de sus recursos (unos 330 millones de pesos) durante el 2017, y al mismo tiempo ese año fue uno de los más violentos y peligrosos para ejercer el periodismo en nuestro país.

De acuerdo a Fundar, toda la información general y básica de tal fideicomiso no cumplió con los requisitos mínimos de transparencia, ni se sabe cómo ni en qué se gastó el dinero, ni si el gasto fue eficaz: en los últimos seis años, 44 periodistas han sido asesinados y más de 2000 han sido agredidos en el ejercicio de su profesión.