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AMLO le quiere poner fin a las «élites periodísticas»

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Entre todas las reformas que pretende implementar Andrés Manuel López Obrador como próximo presidente de este país, se encuentra una que regulará el gasto que ejerce el gobierno federal en publicidad oficial; la reforma, que podría implementarse en la forma de una nueva ley, tiene una directriz muy clara: fomentar la pluralidad mediática, darle transparencia y equidad al reparto de contratos publicitarios, y una potencial fiscalización ciudadana de los recursos ejercidos.

De cumplirse una reforma como esta, el fin de las elites periodísticas estaría cerca, toda vez que se renovaría de fondo las relaciones, y usos y costumbres en la relación gobierno/medios. Para Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, que en meses pasados promovió una demanda para obligar al Congreso a legislar al respecto, “la relación entre medios y poder (en México) es muy perversa, porque existe una dependencia casi total de la mayoría de los medios, a nivel federal y aún más a nivel local, del dinero público”.

Fue precisamente la organización Artículo 19, la que en febrero de este año reveló que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, había gastado más de 40,000 millones de pesos en publicidad oficial: lo equivalente a los recursos que hubieran sido necesarios para reconstruir la Ciudad de México, después del sismo del 19 de septiembre pasado.

Como dijimos, la propuesta de Obrador funcionaría en varios frentes: el primero, la disminución del gasto, se habla de una disminución de hasta el 50%; de acuerdo a Martí Batres Guadarrama, senador electo por Morena, ya se ha planteado en el legislativo la necesidad de racionalizar el gasto, pero sin afectar la pluralidad, ni el impacto de los medios.

El otro punto sería el de terminar con la concentración de los recursos por parte de un grupúsculo de medios, y abrir los contratos a pluralidad. De acuerdo al informe Democracia Simulada: nada qué aplaudir, de la organización dirigida por Ruelas, sólo una veintena de medios concentran el 56% de la publicidad otorgada por el gobierno federal.

El resto de los contratos, el 44%, se reparten entre 3,118 medios de todo el país. Los grandes concentradores son, desde luego: Televisa, Estudios Azteca, Radio Fórmula, Núcleo Radio Mil, Grupo Radiocentro, Milenio Diario, Canal 40, La Jornada, Excélsior, la Organización Editorial Mexicana, entre otros.

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Fuente: Artículo 19, SFP.

El reporte de Artículo 19 subraya que, en cinco años, este pequeño grupo de medios recibió 22,719 millones de pesos del gobierno.

El tercer punto sería el de la pluralidad, y la extinción de la centralización; Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Morena, dijo al respecto: “en el proyecto de ley pretendemos incluir a los medios comunitarios y regionales, no sólo a los grandes medios. Queremos atender a todos: radio, televisión, medios digitales, incluidos los comunitarios y sociales”.

Aunque los criterios que se buscan incluir en la nueva ley son: alcance, audiencia, rating, también está el de importancia regional, explicó: “puede ser que haya un medio regional que, aparentemente, a nivel nacional no tenga un peso grande, pero a nivel regional sea un medio importante… con ese tipo de criterios se pretende romper el centralismo, se va a romper la idea de que sólo algunos medios electrónicos o medios llamados nacionales se benefician de la publicidad gubernamental”.

Martí Batres, encargado de dibujar el proyecto de nueva ley y proponerlo en el Legislativo, lo resume de esta manera: “queremos dibujar una nueva ley de medios, una buena ley de comunicación social que regule de manera democrática, transparente y racional, las formas en que el gobierno entrega recursos para darse publicidad”.

Según palabras de Ramírez Cuevas, la cereza del pastel de este proyecto sería diseñar un mecanismo de rendición de cuentas y de fiscalización ciudadana: “vamos por la transparencia completa del uso de los recursos públicos. Entonces, quien sea beneficiario, por la razón que sea, de recursos públicos, tiene que rendir cuentas. Ese va a ser un principio”.

De acuerdo a un reporte publicado por Aristegui Noticias, además de Artículo 19, otras organizaciones ya preparan proyectos en este mismo sentido: Fundar, ya se encontraría trabajando en el proyecto de una Ley de Comunicación social que incluya los criterios arriba mencionados.

También la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) estaría ya preparando un pronunciamiento que publicaría en unos días.

A principios de este año, en buena medida impulsados por el trabajo de Artículo 19, y la demanda que impulsó ante la Suprema Corte, se creó la organización Medios Libres, que conjunta a varias organizaciones civiles, en el trabajo de proponer y difundir puntos clave para desaparecer el férreo control que el gobierno federal tiene sobre los medios, gracias a sus contratos multimillonarios con los medios.

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