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El INE se harta y sale a regañar a empresarios que condicionan el voto

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La batalla por la presidencia de México terminará en un mes, exáctamente. Mientras algunos partidos mueven sus piezas para asegurar un buen sitio en el próximo gobierno, a los magnates empresarios más poderosos del país no les ha quedado de otra más que salir a influenciar el voto de sus empleados. Los dueños de Telmex, Grupo México y el Palacio de Hierro son contundentes: no quieren a López Obrador en el poder.

A través de conferencias, comunicados y boletines empresariales, varios de los hombres más ricos de México han anunciado que un gobierno “populista” habría de destruir sus fortunas y la estabilidad laboral de sus millones de trabajadores en todo el mapa nacional. Estos llamados son intentos de coaccionar el voto mexicano y el árbitro electoral ha tenido que salir a calmar las cosas.

Para Lorenzo Córdova, consejero general del INE, la actitud de los magnates empresariales está rozando los límites de su libertad de expresión. El hombre que habrá de anunciar al próximo presidente de México la noche del primero de julio, aseguró que el hecho de que sean las cabezas principales de empresas de gran poder en México no les da derecho de influir en el voto de ningún trabajador a su cargo.

La estrategia en contra del candidato de izquierda que lidera las encuesta la inició Carlos Slim. El hombre más rico de México salió en defensa del nuevo aeropuerto capitalino, asegurando que al cancelarlo se perderían miles de empleos y mucho dinero público ya invertido en contratos que, en parte, lo favorecen a él y sus empresas. Otro hombre que salió a atacar las encuestas fue Germán Larrea, el minero con la segunda fortuna más grande de México, quien también decidió que sus empleados deberían votar según sus intereses.

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Ahora, el líder de la Coparmex ha decidido dar un paso más al reclamar que “la libertad de expresión es un marco de tolerancia, no un valor negociable en una democracia”. Gustavo de Hoyos, presidente de este sindicato empresarial, se lanzó en contra de López Obrador. Lo acusa de infundir una política económica que indudablemente lesionaría los intereses de los empresarios mexicanos.

Ante estas acciones, Lorenzo Córdova se mostró enfadado por la crítica empresarial. «Están jugando al límite, ¿ha habido una violación de la ley? Estamos atentos, si ha habido coacción, condicionamiento, amenaza para tratar de influir el voto, estaríamos fuera de la ley y estaremos muy atentos”, comentó en entrevista. La idea del árbitro electoral es la de pacificar la contienda que ha tenido un claro choque entre el líder puntero y el sector empresarial más conservador.

Lo cierto es que tanto Slim, como Larrea y de Hoyos están apostando todo para no ver a Obrador en la silla presidencial. Como último recurso, por ejemplo, la Coparmex presume a sus 4.8 millones de trabajadores que podrían votar en contra de Morena gracias a la presión y los intereses de sus patrones. Lo cierto es que estas empresas mantienen una base de salarios precarios y pocas garantías laborales, por lo que, al intentar alinearlos, podrían descarriar sus intenciones de voto, al mismo tiempo.

Por el momento, el INE ya está analizando si estas muestras públicas de desprecio a un participante a la presidencia pueden caer en delitos electorales. Amenazar a un empleado para que vote según los requerimientos de un patrón es claramente un delito que el INE podría castigar.