Confesión de exfuncionaria de Duarte describe ligas con red Gachuz
El día de ayer se dio a conocer una impactante historia de corrupción en la administración de Javier Duarte, que implicaba una red corrupta de 400 empresas fantasma, creadas por el contador Víctor Manuel López Gachuz, que sirvió, entre otras cosas, para desviar recursos del estado y entregarlos a la candidatura presidencial de Enrique Peña.
El reportaje realizado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ponía en el corazón de esas operaciones ilícitas a un grupo de diputados priístas, pero sobre todo a uno: Antonio Tarek Abdalá, que sirvió, entre 2011 y 2012 como director administrativo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y después como titular de Tesorería del estado.
Hoy, en una tercera entrega de la investigación, se revela la confesión de Xóchitl Tress, exdirectora de Espacios Educativos en la administración de Javier Duarte, detenida desde el 31 de agosto del año pasado, por cargos de enriquecimiento ilícito. El testimonio de esta mujer ha servido para dibujar con mayor certeza el papel que jugó el diputado Abdalá en el caso y sobre cómo operaban los desvíos con la Red Gachuz.
“La declaración de Tress era importante para la PGR pues confirma lo que había confesado previamente Juan José Janeiro, un exoperador financiero de Duarte y hoy colaborador en las investigaciones, quien señaló que en algún momento recibió la instrucción de adquirir bienes para Xóchitl Tress”, se detalla también en el reporte.
Javier Duarte adquirió y regaló bienes, a través de empresas fantasma y desvío de recursos, a Xóchitl Tress, exfuncionaria del gobierno de Veracruz https://t.co/enXRxEwDDV
— AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) June 1, 2018
La casa de los millones
Dos días después de que Xóchitl Tress asumiera la titularidad de espacios educativos, en marzo de 2014, recibió una llamada en su oficina: era Duarte, para informarle que una reunión se llevaría a cabo en su despacho y su presencia era requerida. Días antes, Tress le había comentado a Duarte que se encontraba buscando una casa…
Cuando Tress llegó al despacho de Duarte, encontró al gobernador acompañado de su tesorero: Antonio Tarek Abdalá. La charla se habría dado de manera casual: los dos funcionarios le presentaron a Tress las fotografías de diversas propiedades para que escogiera una. Ella dijo que en realidad ya había escogido otra, en el fraccionamiento Costa de Oro, y que sólo necesitaba un préstamo para comprarla.
“Te voy a regalar la casa”, habría dicho Duarte, según la propia confesión de Tress ante la PGR. En ese momento el entonces tesorero del estado, Abdalá, le entregó un maletín lleno de efectivo: $500,000 pesos para que los diera como adelanto a la propiedad. Tress aceptó. Abdalá la citó entonces en el restorán El Azafrán, en Boca del Río.
“A dicha reunión acudió una señora que se identificó como Jacqueline Terrón Antonio, representante legal de la empresa Grupo Comercial Terrami S.A. de C.V. con la que firmó un convenio en la cual dicha empresa, a cambio de nada, se comprometía a transferir un millón 850 mil pesos para la compra de la propiedad”, destaca el reportaje.
Xóchitl Tress aceptó entregar definitivamente sus bienes, que suman cerca de $5 millones, como reparación del daño https://t.co/gVqrZcH6jP
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Terrami es una de las 400 empresas fantasma que utilizó el gobierno de Javier Duarte para desviar los recursos del estado. Tanto Terrami, como Terrón Antonio tienen otros nexos complejos con el resto de la red corrupta: a través de la empresa Servcons S.A. de C.V, Terrón está asociada con Leonardo Hernández.
Hernández está a su vez asociado con Virginia Cano Aguilera en la compañía Bepubligam S.A de C.V. Cano Aguilera es también socia de la compañía AD911, que es una de las 19 a través de las cuales Duarte desvió los 645 millones de pesos.
En otro nexo: Terrón Antonio es socia de José Alfredo García Barradas, uno de los dueños de Asismex, la compañía que financió ilegalmente la campaña de Peña Nieto, y pagó a funcionarios de casilla. Terrón Antonio, sin embargo, no es ninguna empresaria de ninguna clase. Es en realidad una militante del PRI, que aceptó firmar documentos a cambio de un pago mensual de 500 pesos: una mujer de escasos recursos.
Tress, después de la reunión, aunque le pareció sospechoso que Terrami se ofreciera a transferir dinero sin dar ninguna explicación para que ella adquiriera su casa, no pensó que se tratara de una empresa irregular, fantasma ni corrupta, según da cuenta su testimonio recogido por AP.
La casa que finalmente obtuvo Tress está ubicada en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, y su monto escriturado es de dos millones 250 mil pesos.
La camioneta de los millones
Ya con la propiedad en manos de Tress, personas designadas por Duarte se encargaron de pagar $750,000 pesos por cada terreno que colindaba con la propiedad, y que fueron del gusto de la exfuncionaria.
En otro momento, Tress le habría comentado a Duarte que su camioneta estaba fallando: tendría que comprar una nueva… Sin dilación, Duarte se puso manos a la obra: citó a Tress en el World Trade Center, y ahí Duarte le habría pedido a Abdalá que comprara una Land Rover último modelo, valuada en más de un millón de pesos.
La adquisición del vehículo se hizo a través de la compañía Grupo Publicitario Hamburgo SA de CV, y las llaves fueron entregadas a Tress, quien vino y anduvo en ella por más de un año, hasta que dejó el cargo. Entonces devolvió el vehículo pues la titularidad del mismo estaba a nombre de dicha compañía.
Como se ve, el testimonio de Tress dibuja al menos una de las formas de operación para el desvío de recursos del estado, y sus personajes protagonistas. Las autoridades se encuentran ya dándole seguimiento a otras operaciones bancarias que dan pista del millonario desfalco. Acaso puedan ser evidencia suficiente para enjuiciar a los responsables, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
A Duarte no se le imputan ninguno de los anteriores; y Tarek Abdalá, que ya ha sido señalado como uno de los principales operadores del desvío, goza de un fuero que le impide a la PGR actuar. LA Fiscalía General de Veracruz ya intentó en su momento revocarle el fuero, pero la fracción parlamentaria del PRI votó en contra. El ahora diputado federal sigue protegido.
