Funcionarios del IMSS hacen negocio con niños víctimas de la guardería ABC

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Los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han cometido actos de corrupción y desfalco al erario público, al falsificar documentos y comprar medicamentos y servicios con sobreprecio para atender a los niños heridos en el incendio de la guardería ABC.

Los padres de familia de los niños revisaron un legajo de documentos que el IMSS envío a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en los que se desglosaban una serie de gastos millonarios en atención a los niños que resultaron lesionados, a los que tuvieron daños por la inhalación de humo y a los padres de familia de aquellos que fallecieron.

El columnista Juan Carlos Zúñiga reveló este domingo en Espacio Público que los padres encontraron que los datos no coincidían con la atención que han recibido a lo largo de estos años y de inmediato comenzaron una serie de solicitudes de información para obtener los documentos que vieron en la CEAV.

Tras un largo proceso, lograron obtener una copia de las facturas y la comprobación de gastos de cada uno de los niños que ha atendido el IMSS en los últimos nueve años.

Entre las irregularidades que encontraron en dichos documentos está la compra de tres medicamentos a sobreprecio: uno llamado Fotoral por el use pagaron 750 pesos, cuando se consigue en 220 pesos en cualquier farmacia: otro de nombre Adimod de 400 mg a mil 40 pesos cuando su precio comercial es de 405 pesos; y también pomada Voltaren, que se vendió a 620 pesos cuando cuesta 137 pesos en cualquier tienda; es decir, los tres medicamentos tuvieron un sobreprecio de 340%, 256% y  452%, respectivamente.

Los medicamentos se adquirieron al mismo proveedor y todas las facturas tienen IVA, a pesar de que los medicamentos están exentos de este impuesto.

Otro desfalco descubierto es una factura de casi 86 mil pesos por la instalación de una barda de base de block, piso de concreto, techo de lámina, sellado de ventanal y retiro de escombro instalada en el domicilio de uno de los niños que resultaron lesionados.

No obstante, los padres de familia dijeron que lo que realmente hicieron fue una obra menor con la que ampliaron una barda de block de tres vueltas.

El IMSS también pagó una factura de 259 mil 120 pesos por diversos trabajos, que no se especifican, pero en el documento de conformidad de los beneficiados aparece la firma falsificada de una de las madres de familia.

Además, compraron medicamento inservible para los pacientes, como una crema Cetaphil para uno de los niños, que no la puede utilizar porque es alérgico. A pesar de que se informó a las autoridades sanitarias de esta situación, el IMSS pidió que les pagaran una compra por 42 piezas a 420 pesos cada una.

Luego de la indignación al descubrir este fraude por parte de los trabajadores del IMSS, los padres de familia anunciaron que interpondrán una denuncia penal contra los servidores públicos de la dependencia.

En tanto, el director del instituto, Tuffic Miguel Ortega, acudió a Hermosillo esta semana para informarles que ya destituyó a la administradora del Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales (Caice) y ya se realiza una investigación.

Sin embargo, al finalizar la reunión, los padres de familia denunciaron que no se logró nada concreto respecto a este desfalco y que incluso el director se enteró de algunos otros detalles sobre lo que había ocurrido todos estos años.

Los padres de los niños fallecidos también se quejaron de que estas reuniones siempre ocurren en la víspera del aniversario del incendio, pero nunca se logra algo concreto para resolver el caso o salvaguardar la integridad de los menores que acuden a guarderías subrogadas, como en la que estaban sus hijos.

Dado que solo se han realizado las primeras investigaciones, todavía no se ha podido cuantificar el monto del daño al erario que se ha hecho desde 2009, cuando se prometió toda la atención médica a los padres de los 49 niños fallecidos, los 24 niños y ocho adultos lesionados con quemaduras y los 80 niños afectados por exposición al humo y gases tóxicos.

Los padres aseguraron que el IMSS sigue debiéndoles, no solo justicia, ahora las sanciones a los funcionarios que lucraron con su salud y la muerte de sus hijos


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