Utilizan al Superissste para desviar recursos multimillonarios | BREAKING

Utilizan al Superissste para desviar recursos multimillonarios

- Por

En un reportaje especial de Aristegui Noticias titulado «Superissste: ¿Qué demonios pasó aquí?» se muestra cómo el gobierno federal eliminó esta prestación de los trabajadores para convertirla en un esquema de desaparición de recursos y triangulaciones de compras públicas. Hace algunos años estas tiendas eran emblemáticas por sus bajos precios, sobre todo después del terremoto del 85 ayudaron a las familias a obtener productos de forma económica.

Actualmente, la situación es diferente, no hay variedad en los productos, solo hay una hilera en los anaqueles y casi siempre están vacíos. Solo el 3 por ciento de los derechohabientes del ISSSTE utilizan estas tiendas. Lo que se vende aquí ya no alcanza para pagar sus gastos de operación, por lo que su funcionamiento depende de un subsidio del ISSSTE.

La Secretaría de la Función Pública tiene una denuncia en contra del actual director, Luis Alonso Reza Olivas, por el delito de peculado por la cantidad de 650 millones de pesos. Según esta investigación, desde el sexenio de Felipe Calderón, estas tiendas se utilizan para simular compras por millones de pesos.

Pierden millones por operar

Entre 2003 y 2017 el Superissste perdió 17 millones de pesos por costos de operación. En 2013 registró mayores pérdidas, mil 813 millones de pesos. Durante 2017, mantener estas tiendas costó 2 millones de pesos diarios al erario para pagar luz, agua y nómina. Actualmente quedan 70 tiendas abiertas, pero estas no cuentan con ningún plan de abasto ni de ventas. El Subdirector de Abasto ocasionalmente ordena las compras de algunos productos.

Según esta investigación, incluso a veces compran productos de otros supermercados para llenar sus anaqueles. En las tiendas ya hay mercancía caduca, en descomposición o contaminada que vale más de 10 millones de pesos, pero que nunca se hizo nada para regresarla a los proveedores.

Millones desaparecidos

Luis Alonso Reza Olivas se hizo director de esta institución en el 2015. Una semana después de su llegada solicitó a José Reyes Baeza, titular del ISSSTE, una inyección de 650 millones de pesos para la compra de mercancía. Aseguró la falta de pago a proveedores produjo un fallo en el abastecimiento. Sin embargo, el Superissste trabaja bajo el esquema de consignación, es decir, el producto que no se vende se le regresa a los proveedores.

Se depositaron 500 millones a una partida presupuestal destinada a cubrir indemnizaciones por juicios. Los documentos indican que 397 millones se destinaron a pago a proveedores, otros 100 millones a pago a prestadores de servicio y 2 millones 164 mil pesos a pago de demandas. En abril del 2016 se solicitaron otros 150 millones de pesos para cubrir parte de los pasivos.

En enero del 2016, el titular del Superissste afirmó en un boletín que la nueva reestructuración de la cadena se iba a caracterizar por «la modernidad y el énfasis en la transparencia, así como en la calidad y calidez en el trato de usuarios», lo cual no corresponde a la realidad actual de las tiendas. En agosto de 2017 se presentó la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del director, ya que el dinero utilizado no cumplía con el objetivo de la partida al que fue asignado por Hacienda.

Mercancía perdida

Otro problema es que según la investigación, la mercancía que se debe a proveedores es diez veces mayor a la que se encuentra en las tiendas. La irregularidad es grave debido a que las tiendas están bajo el mecanismo de consignación. En diciembre de 2017 había una deuda a proveedores de 633 millones de pesos, pero la mercancía que se tiene es de solo 69 millones. Los documentos indican que 117 millones están en poder de terceros, pero no se explica quiénes o por qué.

Aunque Superissste no tiene personalidad jurídica, otros documentos muestran que en 2017 adquirieron «edificios no habitacionales» por 729 millones. En general, los estados financieros indican que el Superissste está en quiebra, ya que deben 785 millones en mercancías, impuestos, aguinaldos y otros pagos.

La investigación apunta que el valor de estas tiendas para los funcionarios no es lo que venden, sino tener un medio para evadir las licitaciones de dependencias públicas y desviar recursos millonarios sin que nadie se de cuenta.

Lee la investigación completa en Aristegui Noticias.