Guerra contra el narco continuaría si ganara alguno de estos candidatos a la presidencia

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A más de diez años del inicio de la llamada guerra contra el narco, y a escasos meses de la elección presidencial más grande y violenta de México, dos de los candidatos contendientes: la independiente Margarita Zavala y José Antonio Meade, de la coalición “Todos por México”, compuesta por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), han declarado que, de ser electos, continuarán con la estrategia frontal de combate contra el crimen organizado.

Si esto se cumpliera, uno de los conflictos bélicos modernos más sangrientos en nuestro país se extendería hasta 2024. Las declaraciones de Meade, vertidas durante una visita a Mazatlán, Sinaloa, fueron, no obstante, diluidas con eufemismos: ante la clara pregunta de si continuaría con la guerra contra el narco, el candidato replicó:

“Esto no es una guerra sino una estrategia de seguridad integral; una que no va a dejar que las calles sean disputadas por la delincuencia organizada en perjuicio del ciudadano”; y añadió que su estrategia se concentraría en combatir los problemas de raíz: el debilitamiento del tráfico de armas y financiamiento de los grupos criminales.

“Ciertamente, cada que encontramos un espacio entre sociedad y gobierno, tenemos que buscar que ese espacio fortalezca el tejido social, que lo fortalezca en la educación, en la cultura, en el turismo, en la salud”, dijo, al tiempo que apostaba en su discurso por la transformación de las instituciones.

Explicó que a la fecha “no tenemos una buena ley de extinción de dominio; no tenemos un buen mecanismo para quitarle a la delincuencia organizada ni las armas ni el dinero. Tenemos que tener ambas si queremos lograr un resultado diferente”, precisó.

Como tercer punto de esta estrategia, Meade apostó por el reforzamiento de los cuerpos policiales. “No puede haber seguridad pública si no tenemos mejores policías, y para tener mejores policías hay que trabajar más cerca de ellos para que tengan mejores condiciones, por un lado, y por otro lado, para que tengan certeza de una trayectoria donde van a poder encontrar distinción, orgullo y seguridad para sus familias”.

El cuarto punto sería la unificación de criterios en lo que respecta a la definición de los delitos en la entidad. En sus palabras, esto querría decir que: “ni la investigación ni la procuración de justicia ni el trabajo policíaco logra que tengamos el mismo espacio en términos de lenguaje. Y eso nos lleva a una modificación profunda que permita que, con prevención, no lleguen armas y dinero”.

Por su parte, Margarita Zavala, durante una visita en Guerrero, ofreció un discurso frente a un edificio de Coca-Cola que cerró después de recibir amenazas e intentos de extorsión por parte de grupos criminales. Ahí, afirmó que daría continuidad a la guerra contra el narco, que lo combatiría “como se hacía antes”.

Reconoció que la entidad y el país entero viven uno de sus periodos más difíciles, y dijo ello habiendo llegado al mitin acompañada por más de 50 miembros de las fuerzas policiales. Afirmó ahí que, a diferencia de Andrés Manuel, ella sí combatirá a los delincuentes.

“Vamos a fortalecer lo que se venía haciendo antes y que se ha abandonado. Yo quiero lo que todos quieren: que los delincuentes estén en la cárcel, que las familias puedan estar tranquilas en la calle; que los policías y ministerios públicos inspiren confianza”, dijo en junio del año pasado.

Las palabras de ambos candidatos tienen un contexto peculiar: las cifras de asesinatos oficiales, registradas durante el año pasado, el 2017, alcanzan los 29,168. Eso convierte al quinto año de gobierno del priista Peña Nieto en el más letal de la historia reciente; y en 25 municipios, entre ellos Chilpancingo y Acapulco, en Guerrero; Manzanillo y Los Cabos, registraron tasas de homicidios superiores a 100 por cada 100 mil habitantes.

El asesinato de mujeres se disparó con igual alarma durante 2017: de acuerdo con los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que reportó el semanario Proceso, durante ese año mataron a 3,256 mujeres en el país: cifra 52% superior al 2015. Todos estos feminicidios se concentraron en cuatro estados: Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Estado de México.