PGR acepta que ha habido casos de tortura en México, pero no en el de Ayotzinapa

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La Oficina del Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció que existen al menos 34 casos de tortura de los detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, mismos que ocurrieron cuando la Procuraduría General de la República (PGR) tomó el caso.

En respuesta, la dependencia de gobierno respondió que no se ha podido acreditar este tipo de prácticas en sus actividades, salvo en algunos casos excepcionales, que ya han salido a la opinión pública.

Este miércoles, el organismo internacional de Derechos Humanos presentó un informe donde señala que hay indicios de que las personas detenidas por el caso de los normalistas fueron torturadas, pues presentan numerosas lesiones físicas.

 “Hubo un modus operandi prácticamente uniforme en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley”, dice el documento.

Las autoridades presentaron justificaciones de las lesiones que tenían los detenidos, diciendo que fueron autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estado de ebriedad de los detenidos o caídas que sufrieron espontáneamente.

De acuerdo con la oficina de la ONU, todos los casos ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, cuando la PGR tomó en sus manos la investigación, que hasta entonces había llevado la Fiscalía del Estado de Guerrero.

Ante los señalamientos, la dependencia emitió un comunicado conjunto con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de gobernación en el que respondió:

 “Los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”,  dice el texto.

El párrafo queda perdido entre una serie de especificaciones que hacen las dependencias a los señalamientos del organismo federal, pero admite que sí han utilizado la tortura para obtener confesiones en otros casos.

En el tema específico de Ayotzinapa, el ACNUDH señaló que las violaciones van desde detenciones arbitrarias, retrasos para la presentación de los detenidos ante las autoridades, hasta actos físicos de tortura cometidos para extraer confesiones.

Según el organismo, estas violaciones habrían sido cometidas por elementos de la PGR, Policías Federales y marinos en otros casos, donde golpean a los detenidos, les aplican choques eléctricos, los asfixian, hay ataques sexuales y los torturan psicológicamente.

La PGR respondió que la Oficina del Alto Comisionado no incluyó en la investigación toda la información que está en los expedientes judiciales, como pruebas periciales, que aportan indicios que no sustentan las conclusiones del informe.

“Existen otras pruebas en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales”, afirmó la dependencia.

Además, dijo que está preocupado por el informe que se emitió antes de que se concluyan todas las investigaciones del caso,  aunque se prevé que este mismo año se le pueda dar carpetazo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en varias ocasiones que si se comprobaba la tortura a los detenidos, el caso podría venirse abajo y no habría sanción para las personas involucradas en la desaparición de los 43 jóvenes, por lo que tampoco se sabría qué pasó con ellos.


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